Si los grupos pro consumidor se salen con la suya y logran mover proyectos de ley pendientes en ambas cámaras del congreso, los bancos tendrán que cambiar radicalmente su política de cobros por sobregiro de cuentas (overdraft fees), que ahora les produce unos 24,000 millones de dólares anuales, según estimados.
Estos grupos están librando una batalla campal contra las instituciones bancarias, incluyendo a todas las que recibieron fondos de recuperación económica (TARP), para que entre otras cosas le pregunten a sus clientes si quieren participar en un programa, que ahora es automático, de pagar todo lo que cargan a sus ATM y luego cobrar severas tarifas si se quedan cortos aún por mínimas cantidades.
"Hasta hace poco, incluso hasta 2004, 80% de los bancos rechazaban el pagar transacciones de débito que no tuvieran fondos. Ahora que los consumidores pagan casi todo con tarjetas de débito en vez de cheques, los bancos han expandido un programa para cubrir los pagos y a cambio ganar el dinero que perdieron por los cheques que ya no rebotan", dijo Jean Ann Fox, de la Federación de Consumidores de América, en una audiencia celebrada ayer en Washington.
La mayoría de los bancos cobran una tarifa que va desde 30 a 39 dólares por cada vez que un tarjeta habiente hace una compra y se sobregira en su cuenta. Si antes se rechazaban cargos, afirman los grupos de consumidor, ahora los bancos pagan el sobregiro pero cobran tarifas que muchas veces superan la cantidad del sobregiro.
Según el Centro de Préstamos Responsables (CRL), los bancos no avisan a sus clientes de la existencia de este programa ni les ofrecen la posibilidad de adherirse a él. Simplemente lo ofrecen automáticamente y no explican como funciona. Cada banco tiene sus tarifas y su política, incluyendo cuantas veces pueden cargar una tarifa por el mismo sobregiro.
El proyecto de ley bajo consideración en la Cámara pertenece a la congresista demócrata de Nueva York Carolyn Maloney, quien ayer presentó su testimonio en la audiencia.
"El problema es grave y está empeorando. A menudo el consumidor no está bien informado y no se le permite decidir cómo gastar su dinero", señala Mahony. "He presentado esta propuesta en el Congreso en varias ocasiones y creo que es hora que el Congreso actúe".
La medida de la Cámara HR3904 (hay una similar en el senado patrocinada por el senador Dodd) limitaría severamente la forma en que pueden aplicarse estas tarifas y, para comenzar, requeriría que los bancos pidieran el consentimiento expreso de sus clientes para inscribirlos en el programa.
HR3904 también requeriría que los bancos (y uniones de crédito) avisaran a sus clientes en el momento del sobregiro por medio de un aviso en la máquina ATM o el cajero del banco. Igualmente requeriría que los reguladores como la Reserva Federal establecieran tarifas razonables.
Los bancos han expresado su preocupación respecto a la propuesta y ayer, varios representantes bancarios, incluyendo Nessa Feddis, una portavoz de la Asociación de Banqueros Americanos, indicó que la medida "implicaría un completo rediseño de las cuentas corrientes y particularmente su precio, ya que habría más molestias y costos para los consumidores que encuentran que sus pagos son rechazados".
Las entidades bancarias argumentan que la mayoría de los consumidores prefieren pagar antes "que sufrir la vergüenza de ver un rechazo en el cargo o no poder pagar a tiempo una cuenta, generando un punto negativo en los reportes de crédito.
"Los clientes generalmente quieren ver aprobadas sus transacciones cuando ya están en la caja con sus provisiones enmpaquetadas o por un plato que ya comieron, igual que una cuenta que pagan con su tarjeta de débito", dijo la portavoz."Además, la mayoría de los clientes evitan estos cargos".
Recientemente y ante las críticas en torno a esta práctica, algunos bancos limitaron la cantidad de pagos que pueden imponer por un sobregiro, aunque no disminuyeron el tamaño de las mismas, que en años recientes tendió a subir. Algunos bancos cobran hasta 39 dólares por sobregiro y una tarifa extra si este no se resuelve en el término de pocos días.
Kathleen Day, del CRL, dijo ayer que los reguladores federales han fallado en limitar las actividades de los bancos a este respecto, aunque el problema comenzó a ser identificado por lo menos en 2001. "Por años no hicieron nada y ahora propusieron una regla, muy tardía y muy débil para lidiar con esto", dijo Day. "Esperamos que se logre algo antes de fin de año". Maloney se maravilló que la audiencia de ayer en un comité "atrajera tal cantidad de participantes", señalando que la medida, copatrocinada en la cámara por otros 33 congresistas, es muy controversial para las instituciones bancarias.
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