El éxito limitado del programa de rescate antiembargos de la Administración Obama ha generado varias propuestas para tratar de evitar que la crisis inmobiliaria arrastre a millones de propietarios a la calle.
Una de las ideas más recientes aboga por crear una ley que permita a las personas insolventes convertirse en inquilinos de sus propias casas bajo contrato –lease-- por cinco años. La renta sería fijada por un tasador independiente aplicando criterios de mercado.
El plan, denominado Derecho a Rentar o R2R –Right to Rent-- fue sometido hace una semanas al Congreso por Raúl Grijalva, un legislador por Arizona en el Capitolio.
"Es una solución justa y sensata a esta crisis", dijo el congresista, agregando que está proveerá ingresos seguros a los bancos y permitirá a la vez que las familias que han caído en la morosidad puedan permanecer en sus casas.
El concepto R2R fue formulado por el economista Dean Baker, director del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y tiene el aval de economistas de derechas como Desmond Lachman, del American Enterprise Insitute, y Andrew Samwich, que trabajo con la Administración Bush.
"Es una propuesta importante porque evitaría que mucha gente fuera puesta en la calle", dijo Larry Gross, director ejecutivo de la Coalición para la Sobrevivencia Económica (CES), grupo sin fines de lucro de Los Ángeles que aboga por los derechos de los inquilinos. Un arreglo de ese tipo, según él, ofrece a los propietarios que están a punto de perder sus viviendas por insolvencia hipotecaria, la oportunidad de reparar su situación.
Uno de los argumentos adicionales de quienes apoyan el plan R2R es que un arreglo semejante hace posible que las casas se mantengan habitadas, pues lo opuesto degeneraría en abandono y en la proliferación de "barrios fantasmas".
La idea de que una persona que no está cumpliendo los pagos de su hipoteca pueda vivir por cinco años en un inmueble como inquilino, sin embargo, no se aviene bien con la Asociación Nacional de Banqueros (ABA).
"El plan esencialmente suprime de manera artificial el valor de las casas y el resultado es su devaluación; reduce la disponibilidad de crédito y lleva a tasas de interes más alto", dijo Pete Garuccio, portavoz del grupo.
El anteproyecto RWR fue sometido al Congreso tras revelarse que las ejecuciones de inmuebles residenciales en el país aumentaron 19% en marzo. Según RealtyTrac, Inc. tan sólo en ese mes se produjeron 367 mil expropiaciones. En los primeros tres meses de este año las expropiaciones de casas por los bancos aumentaron 60% con respecto a 2009.
La lenta pero destructora avalancha de embargos en Los Ángeles creó más presiones sobre el mercado de alquileres en Los Ángeles, que de por sí ya se encontraba sobresaturado.
"Muchos propietarios viven ahora hacinados porque tienen que albergar a familiares que se quedaron sin su vivienda", explicó Gross.
La tercera parte de los inmuebles alcanzados por la ola de embargos son edificios multifamiliares o de departamentos, aunque en este caso, al menos en Los Ángeles, sus inquilinos están protegidos del desahucio por la ley de control de rentas.
El Concejo Municipal recientemente extendió esa protección a toda la ciudad, pero frecuentemente los inquilinos no conocen sus derechos.
Sin embargo, no todas las organizaciones no gubernamenmtales (ONG) apoyan el concepto. Una fuente vinculada a una de ellas, pero que no quisó atribuir su declaración mientras su organización no se pronunciara oficialmente, expreso "que aunque en la superficie se mira bien, existen varias reservas".
No queda claro que pasará una vez que expire el período sustancial de tiempo de pago de renta contemplado en la ley.
"Prolonga lo inevitable –las personas siempre acabarán en la calle, perderán la prima y se sentirán frustrados al no alcanzar su sueño", dijo la fuente.
