Si California hubiese contado con las protecciones que promete la creación de la Agencia de Protección Financiera del Consumidor (CFPA), un tema que está avanzando en el Congreso, probablemente no sería el estado donde se concentra el 25% de los procesos de embargo que están en marcha en el país.
"Lo que se espera es que alrededor de 400 mil hispanos pierdan sus casas este año", dijo ayer la directora del Concejo Nacional de La Raza (NCLR) durante una telconferencia nacional en apoyo a la creación de la CFPA. Esta ominosa realidad no se produjo por accidente, afirmó, sino que es producto de una debil fiscalización por parte del gobierno, algo que esa entidad estaría llamada a corregir.
El daño causado a los hispanos por el fiasco inmobiliario "es muy profundo", dijo Eric Stein, el subsecretario para asuntos del consumidor del Departamento del Tesoro.
"Casi la mitad de los préstamos, 46%, que fueron adquiridos en 2005 y 2006 en pleno desenfreno de las hipotecas chatarra, fueron para familias hispanas", añadió. Hasta entonces, agregó, nadie velaba por los consumidores y ninguna vigilaba la totalidad del espectro financiero. Los bancos, explicó entre otras cosas, podían escoger al encargado de supervisarlos, y al final, el resultado fue el colapso del sistema de préstamos.
De acuerdo con la Procuraduría de California, en este estado se concentra el 58% de las hipotecas ajustables (ARM) que se originaron entre 2004 y 2008 a dueños de casas del estado. Se espera que en los proximos cuatro años un millón de este tipo de hipotecas se reajusten, lo que resultará en pagos más altos para los dueños de casas y en más embargos.
El estallido de la burbuja inmobiliaria, ocurrido en buena parte gracias al abuso de las hipotecas chatarra, precipitó al país en la peor crisis desde la Gran Depresión y condujo al colapso de venerables instituciones financieras como Lehman Brothers y Merryl Lynch. El gobierno federal respondió con un paquete de rescate bancarios que le ha costado a los contribuyentes al menos 700,000 millones de dólares.
El proyecto para la creación de la CFPA, conocido como H.R. 3126 fue aprobado recientemente por el Comité de asuntos financieros de la Cámara de Representantes. La creación de esta superintendencia del sistema financiero es adversado por los bancos, la Cámara de Comercio, y el Partido Republicano. Este último considera que la entidad "impide la innovación y destruye empleos".
Sin embargo, en un comunicado hecho llegar a esta redacción, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Banqueros (ABA), Floyd Stoner, dijo que "algunos cambios recientes hechos al proyecto de ley representan mejoras al texto original". Entre las modificaciones hechas a la H.R. 3126 que son del agrado de la asociación bancaria se encuentra una que restringe el tipo de productos financieros que los bancos pueden ofrecer a sus clientes. "Sin embargo", declaró, "la ABA se opone a esta ley porque todavía nos preocupan muchos de sus aspectos".
Una cosa que el proyecto no contendrá, porque fue eliminado en el mencionado comité, es una provisión que hubiera hecho obligatorio traducir los documentos de transacciones financieras al español, o a cualquier otro idioma de quienes por ejempo adquieran una casas o una tarjeta de crédito.
Sin embargo, Stein afirmó que la propuesta tiene suficientes mecanismos para proteger los intereses de los consumidores.
"Va a ser una dependencia poderosa, capaz de abrir demandas cuando sea necesario, y con todos los recursos y poderes necesarios para desempeñar su trabajo", dijo.
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