PHOENIX, Arizona (EFE).— La gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, ratificó la ley que reforma la legislación estatal de sanciones a empleadores que contratan a inmigrantes indocumentados.
Bajo la nueva regulación, firmada ayer, estas penalidades solamente se aplicarán a las contrataciones hechas a partir del 1 de enero de 2008, fecha en que entró en vigor la ley estatal.
Grupos opositores a la inmigración ilegal argumentaban que la ley debía tener carácter retroactivo y aplicarse a todos los trabajadores, pero la legislación original —que fue firmada por la mandataria demócrata el año pasado— no aclaraba este punto.
La ley de sanciones a empleadores obliga a los dueños de negocios verificar el estatus migratorio de sus empleados con la base de datos del Gobierno federal "E-verify".
Aquellos que contraten a indocumentados a sabiendas pueden enfrentar la suspensión de su licencia de operaciones hasta por un período de 10 días. Aquellos que reincidan en un período de dos años podrían perder este permiso permanentemente.
La reforma hecha a la ley no evita la presentación de quejas anónimas en contra de negocios, tal y como ocurre en el condado Maricopa, donde se asienta la capital estatal, Phoenix.
Otros condados, como Pima, determinaron que cualquier queja deberá ser debidamente documentada y la persona deberá identificarse y firmar su declaración.
Hasta la fecha ningún negocio en Arizona ha sido penalizado bajo esta nueva ley estatal.








