Hay cosas que simplemente no tienen sentido. Pedirle a la gente que no participe en el censo es una de ellas. Estamos a seis meses del día del Censo 2010, una tarea que se cumple cada 10 años, pero como muchas cosas en estos días, el conteo poblacional se ha politizado.

Hay mucho en juego, desde la financiación del gobierno para programas y servicios hasta la representación política. Más existen quienes -en ambos extremos del espectro político- insisten en obstruir el proceso para promover su propia agenda.

De un lado están los grupos ultraconservadores que luchan para que tan sólo ciudadanos de Estados Unidos sean contados (el estatus legal no es preguntado en el cuestionario del censo) y que se excluya a inmigrantes indocumentados e incluso a residentes legales permanentes, ya que, según ellos, el hacerlo le daría ventaja política a estados con elevadas cifras de población inmigrante.

Por el otro lado están los grupos que piden a los inmigrantes indocumentados que boicoteen el censo. Liderando la propuesta está la Coalición Nacional Latina de Ministros y Líderes Cristianos. Entre otras cosas reclaman -erróneamente- que la información recolectada por el censo a menudo es utilizada para apoyar redadas de inmigrantes. También, según el líder del grupo, reverendo Miguel Rivera, boicotear el censo es una manera de presionar a los legisladores para aprobar una amplia reforma migratoria. Eso también es equivocado.

Ambas posiciones son imprudentes y contraproducentes. No existe un término medio. Existe un mandato constitucional que dice que cada persona que vive en EE.UU. debe ser contada cada 10 años. No queremos regresar a los 1800’s, cuando los esclavos fueron contados como las dos quintas partes de una persona y los indios nativos americanos aparecían como 0, si no tenían sangre de la raza blanca.