SAN JUAN - El sacerdote puertorriqueño Linán Ruiz Morales, asesinado la semana pasada en la capital peruana, tenía prohibido por el Arzobispado de San Juan ejercer en Puerto Rico debido a “actos de conducta impropia contra un menor de edad” ocurridos en 2002.
La asesora legal del arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, confirmó la existencia de una querella contra el padre Ruiz Morales por actos impropios contra un menor de edad ocurridos décadas atrás, cuando el sacerdote oficiaba en una iglesia de la capital puertorriqueña no precisada.
Luego de finalizada una pesquisa ordenada por el Tribunal Católico Metropolitano de San Juan, se acogió la versión del querellante, explicó la abogada María Eugenia Rodríguez López, razón por la que se le prohibió el ejercicio del sacerdocio en Puerto Rico.
“Por razones de índole legal, el Arzobispado de San Juan no puede divulgar ni cuándo ocurrieron los hechos, ni dónde ocurrieron; tampoco si hubo o no un acuerdo económico o de cualquier otra naturaleza por haberlo así exigido el querellante”, detalló la licenciada Rodríguez López al diario puertorriqueño El Nuevo Día.
La suspensión del sacerdote Ruiz Morales, que ya se hallaba en Lima, se publicó en la edición del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2003 en el semanario católico boricua El Visitante.
El arzobispo González Nieves, estableció la letrada, notificó el resultado de la investigación al querellante y al arzobispo de Lima, “a fin de que se tomaran las provisiones cautelares pertinentes”.
El diario indica que el viceprovincial de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles en Lima, sacerdote Enrique Segovia, afirmó que “no tengo mayor conocimiento de eso”.
Segovia aseguró que el sacerdote puertorriqueño de 73 años hubiese sido separado de sus responsabilidades si Lima hubiera recibido la conclusión de la investigación sobre “conducta impropia” contra un menor.
Por la muerte a puñaladas de Ruiz Morales, ocurrida el pasado 27 de agosto en hechos en los que también fue asesinado su ayudante Ananías Águila Cruz, de 22 años, hizo admisión de responsabilidad a las autoridades peruanas un ex trabajador del convento de San Francisco, Carlos Antonio Navarro Fernández, de 26 años.
Navarro, detenido en la casa de una hermana cuando preparaba su fuga, confesó al grupo especial de la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) su responsabilidad de los hechos.
El imputado dijo que cometió el doble asesinato para apropiarse del dinero de las dos cajas fuertes que el sacerdote Linán Morales guardaba en su habitación, porque su enamorada de 18 años estaba embarazada, y que tenía dos hermanos con problemas económicos.
El joven llegó a trabajar al convento recomendado por su hermano Víctor Navarro Fernández, un estudiante de teología que hace algunos meses dejó esta vocación para dedicarse a la docencia.
El asesino confeso fue ubicado, según el diario limeño Correo, ya que se llevó los teléfonos móviles de sus dos víctimas.
Los chips de estos dos aparatos fueron claves para que la Policía Nacional pudiera determinar dónde estaba oculto.
Navarro Fernández tenía antecedentes penales, ya que en 2006 asesinó a un grumete del Ejército peruano, hecho por el que estaba siendo procesado.
El joven imputado, que se encuentra encarcelado, podría recibir cadena perpetua de ser hallado culpable por “delito de robo agravado con subsecuente muerte”, cita el diario peruano al penalista Mario Amoretti.
Señaló que de establecerse que fue un homicidio calificado (premeditado), la pena sería no menor de 15 años ni mayor de 35.
“Si a esto sumamos que se acoge a la confesión sincera, podría salir libre en cinco o seis años”, dijo Amoretti.
La asesora legal del arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, confirmó la existencia de una querella contra el padre Ruiz Morales por actos impropios contra un menor de edad ocurridos décadas atrás, cuando el sacerdote oficiaba en una iglesia de la capital puertorriqueña no precisada.
Luego de finalizada una pesquisa ordenada por el Tribunal Católico Metropolitano de San Juan, se acogió la versión del querellante, explicó la abogada María Eugenia Rodríguez López, razón por la que se le prohibió el ejercicio del sacerdocio en Puerto Rico.
“Por razones de índole legal, el Arzobispado de San Juan no puede divulgar ni cuándo ocurrieron los hechos, ni dónde ocurrieron; tampoco si hubo o no un acuerdo económico o de cualquier otra naturaleza por haberlo así exigido el querellante”, detalló la licenciada Rodríguez López al diario puertorriqueño El Nuevo Día.
La suspensión del sacerdote Ruiz Morales, que ya se hallaba en Lima, se publicó en la edición del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2003 en el semanario católico boricua El Visitante.
El arzobispo González Nieves, estableció la letrada, notificó el resultado de la investigación al querellante y al arzobispo de Lima, “a fin de que se tomaran las provisiones cautelares pertinentes”.
El diario indica que el viceprovincial de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles en Lima, sacerdote Enrique Segovia, afirmó que “no tengo mayor conocimiento de eso”.
Segovia aseguró que el sacerdote puertorriqueño de 73 años hubiese sido separado de sus responsabilidades si Lima hubiera recibido la conclusión de la investigación sobre “conducta impropia” contra un menor.
Por la muerte a puñaladas de Ruiz Morales, ocurrida el pasado 27 de agosto en hechos en los que también fue asesinado su ayudante Ananías Águila Cruz, de 22 años, hizo admisión de responsabilidad a las autoridades peruanas un ex trabajador del convento de San Francisco, Carlos Antonio Navarro Fernández, de 26 años.
Navarro, detenido en la casa de una hermana cuando preparaba su fuga, confesó al grupo especial de la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) su responsabilidad de los hechos.
El imputado dijo que cometió el doble asesinato para apropiarse del dinero de las dos cajas fuertes que el sacerdote Linán Morales guardaba en su habitación, porque su enamorada de 18 años estaba embarazada, y que tenía dos hermanos con problemas económicos.
El joven llegó a trabajar al convento recomendado por su hermano Víctor Navarro Fernández, un estudiante de teología que hace algunos meses dejó esta vocación para dedicarse a la docencia.
El asesino confeso fue ubicado, según el diario limeño Correo, ya que se llevó los teléfonos móviles de sus dos víctimas.
Los chips de estos dos aparatos fueron claves para que la Policía Nacional pudiera determinar dónde estaba oculto.
Navarro Fernández tenía antecedentes penales, ya que en 2006 asesinó a un grumete del Ejército peruano, hecho por el que estaba siendo procesado.
El joven imputado, que se encuentra encarcelado, podría recibir cadena perpetua de ser hallado culpable por “delito de robo agravado con subsecuente muerte”, cita el diario peruano al penalista Mario Amoretti.
Señaló que de establecerse que fue un homicidio calificado (premeditado), la pena sería no menor de 15 años ni mayor de 35.
“Si a esto sumamos que se acoge a la confesión sincera, podría salir libre en cinco o seis años”, dijo Amoretti.
