Paula Flores cayó a los pies de Arturo Chávez y perdió la fe. El entonces procurador de justicia de Chihuahua y hoy designado para ocupar la silla de la Procuraduría General de la República (PGR) ni siquiera la miró al suelo donde la mujer clamaba justicia por el asesinato de su hija Sagrario González, de 16 años, en 1998.
Desde entonces no cree en la justicia en México. El asesinato de su hija vagó en la impunidad como otros en la fronteriza Ciudad Juárez, donde según las organizaciones civiles hay más de mil casos mientras que el gobierno reconoce unos 50.
"Desaparecieron los expedientes y las pruebas", dice Malú García, hermana de una de las numerosas víctimas y coordinadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que se opone a la ratificación del funcionario.
En los tiempos de Chávez, primero como subprodurador y luego como procurador de Justicia de Chihuahua -en la década de los 90- hubo el mayor número de asesinatos en contra de muchachas jóvenes, pobres, cuyas familias padecieron la impunidad por investigaciones mal hechas, sin autopsia ni fotografías; sin testigos ni análisis de laboratorio.
Ahora, el presidente Calderón pretende ubicar a Chávez a cargo de la fiscalía general mexicana.
