MÉXICO, D.F.— Como en una película de suspenso, los espectros de cientos de muchachas asesinadas en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, acosan a Arturo Chávez, el procurador General de la República designado por el presidente Felipe Calderón que deberá ser ratificado por el Senado.
Hasta la Cámara Alta, ubicada en el corazón del Distrito Federal, llegaron las peticiones de unas 25 madres consumidas por más de 10 años de sufrir la pérdida violenta de sus hijas que fueron violadas, torturadas y algunas desaparecidas: No quieren a Chávez como justiciero del país.
"No le importaron esas muertes, ¿qué lo hace capaz de tener ese puesto?", consideró Ester Luna, quien desde Ciudad Juárez purga la pena de no tener a su hija que falleció en 1997.
Como ella, otras madres, apoyadas por organizaciones no gubernamentales, acusan a Chávez de obstaculizar las investigaciones y ningunear a las familias de las víctimas desde diversos puestos: como subprocurador de Justicia de Chihuahua (1992-1994); como delegado de la Procuraduría General de la República (1994-1996) en la entidad y como procurador estatal (1996-1998).
En esos períodos supuestamente el aspirante a liderar la PGR apoyó teorías en las que se culpaba a las mujeres de sus propia muerte bajo el argumento de que vestían de manera "provocativa", caminaban sin compañía por calles desoladas o por llevar una doble vida como prostitutas y obreras.
Ciudad Juárez y sus alrededores han sido escenario desde 1992 de más de 450 crímenes contra las mujeres que han quedado impunes.
Los activistas y familiares aseguran que incluso las autoridades de justicia inventaron testigos como en el caso de Neyra Azucena Cervantes, desaparecida en mayo de 2003, cuyo primo Miguel David Meza acusó a las autoridades de torturarlo para inculparse del crimen por el que fue encarcelado durante tres años.
