MÉXICO, D.F.— Ni el tesorero del sindicato de la extinta paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Alejandro Muñoz, se libró de las corruptelas internas: vendían puestos laborales al interior de la compañía hasta en 200 mil pesos (unos 15,400 dólares), cuota que le exigieron para que su hijo, ingeniero, tuviera cabida en la compañía.

"Había tres tipos de tarjetas que determinaban la prioridad con que se asignaban los puestos previamente comprados: la roja era para hijos exclusivamente de trabajadores; la amarilla era para parientes y la blanca era para quien no tenía ningún familiar dentro de la empresa", narró.

El financiero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) abrió así la caja de pandora de las malversaciones de dineros de este organismo que agremiaba a 44,514 trabajadores; de los cuales, poco más de cinco mil ingresaron a la empresa en los últimos cuatro años.

Fue secundado por un juez de Ecatepec, Estado de México, un municipio conurbano del Distrito Federal, quien hizo público un expediente sobre fraudes a 60 personas por la venta de plazas en LyFC.

De acuerdo con los archivos del juzgado, los dirigentes llegaron a tener en cinco años -solamente en esta región- ganancias superiores a los 600 millones de pesos (alrededor de 46 millones de dólares).

Entre los involucrados en el caso, se encuentra una persona de nombre Guillermo Balderas, prófugo de la justicia, que hacía de "enlace" entre el SME y los interesados a pedía por los "trámites" entre 5,000 mil pesos (384 dólares) y 10,000 pesos (770 dólares).

El líder de los electricistas, Martín Esparza, negó ayer que él o su secretario particular, José Heriberto Marroquín –también inculpado vendieran los puestos de trabajo.