Los agricultores latinos tenían puestas sus esperanzas en que el gobierno del presidente Obama los ayudaría en corregir la discriminación que han sufrido por décadas a manos del Departamento de Agricultura (USDA). Sin embargo, la Casa Blanca es hoy un obstáculo para cerrar un triste capítulo de racismo.
No hay dudas sobre la discriminación que la agencia federal cometió en perjuicio de granjeros afroamericanos y latinos en el otorgamiento de préstamos. Los programas de beneficio rural ayudan con préstamos en los momentos necesarios del ciclo agrícola. La ausencia de liquidez para la compra de semillas, por ejemplo, puede significar la bancarrota.
La misma agencia federal reconoció con posterioridad su comportamiento discriminatorio. Es más, el gobierno federal ha negociado acuerdos extrajudiciales con granjeros afroamericanos por más de $2 mil millones en compensación a las víctimas de la discriminación cometida por USDA.
¿Y los granjeros latinos?
Ellos siguen esperando justicia.
Los agricultores hispanos llevan nueve años en los tribunales buscando la reparación de un daño incuestionable, enfrentando obstáculos de todo tipo. En realidad, creemos que se debería recurrir al precedente establecido con los granjeros afroamericanos y negociarse un acuerdo similar con los latinos.
Todas las piezas están dadas para ello. El reconocimiento público del USDA, una carta de siete senadores republicanos y demócratas a Obama pidiendo una solución, el antecedente con los afroamericanos y las palabras del mismo secretario de Agricultura, Tom Vilsack.
No obstante, USDA es hoy la peor amenaza a los deseos justicia que tienen los más 85,000 granjeros que sufrieron todo tipo de avatares porque se les negó a ellos los que se otorgó a otros. Al mismo tiempo, la estrategia del gobierno es dividir la demanda en varios a casos para quitarle fuerza y seguir postergando la reparación merecida.
El presidente Obama dijo estar complacido de "cerrar este capítulo en la historia de esta agencia" en una declaración referente a la asignación de $1.25 mil millones por la demanda de los agricultores afroamericanos.
Señor Presidente: Todavía no se cerró el capítulo. Decenas de miles de granjeros hispanos esperan el mismo trato y la misma justicia que el gobierno federal dispensó y que no se les ha brindado dado. Toda una comunidad espera ahora una respuesta.
Los agricultores latinos tenían puestas sus esperanzas en que el gobierno del presidente Obama los ayudaría en corregir la discriminación que han sufrido por décadas a manos del Departamento de Agricultura (USDA). Sin embargo, la Casa Blanca es hoy un obstáculo para cerrar un triste capítulo de racismo.
No hay dudas sobre la discriminación que la agencia federal cometió en perjuicio de granjeros afroamericanos y latinos en el otorgamiento de préstamos. Los programas de beneficio rural ayudan con préstamos en los momentos necesarios del ciclo agrícola. La ausencia de liquidez para la compra de semillas, por ejemplo, puede significar la bancarrota.
La misma agencia federal reconoció con posterioridad su comportamiento discriminatorio. Es más, el gobierno federal ha negociado acuerdos extrajudiciales con granjeros afroamericanos por más de $2 mil millones en compensación a las víctimas de la discriminación cometida por USDA.
¿Y los granjeros latinos?
Ellos siguen esperando justicia.
Los agricultores hispanos llevan nueve años en los tribunales buscando la reparación de un daño incuestionable, enfrentando obstáculos de todo tipo. En realidad, creemos que se debería recurrir al precedente establecido con los granjeros afroamericanos y negociarse un acuerdo similar con los latinos.
Todas las piezas están dadas para ello. El reconocimiento público del USDA, una carta de siete senadores republicanos y demócratas a Obama pidiendo una solución, el antecedente con los afroamericanos y las palabras del mismo secretario de Agricultura, Tom Vilsack.
No obstante, USDA es hoy la peor amenaza a los deseos justicia que tienen los más 85,000 granjeros que sufrieron todo tipo de avatares porque se les negó a ellos los que se otorgó a otros. Al mismo tiempo, la estrategia del gobierno es dividir la demanda en varios a casos para quitarle fuerza y seguir postergando la reparación merecida.
