El censo nacional del 2010 pasó una prueba de fuego al votarse en el Senado una enmienda que introducía preguntas sobre el estado migratorio en el cuestionario a distribuirse.
Esta propuesta fue rechazada de plano por contradecir el propósito constitucional por el cual fue establecido el conteo de población.
La enmienda Vitter-Bennett a la ley de presupuesto que financia los departamentos de Comercio, Justicia y el área de Ciencias, tenía el propósito de identificar a los indocumentados entre los participantes del censo para que fueran excluidos de la contabilidad que será usada en la redistribución de escaños legislativos en la Cámara de Representantes y de fondos federales.
La propuesta significaba una intromisión intimidatoria inaceptable en el proceso del censo, que además desalienta la participación de los inmigrantes. Al mismo tiempo, la acción socava la meta establecida en la Constitución de realizar cada 10 años un conteo de personas para establecer con la mayor precisión el número de habitantes y los cambios demográficos de la década.
Es irónico que mientras en el Congreso hay quienes quieren ignorar a los inmigrantes del conteo, también haya latinos que estén promoviendo un boicot al censo. Nuevamente los extremos se acercan y con buenas, y malas intenciones, ambos terminan perjudicando a la comunidad hispana.
Por otra parte, la aprobación de esa enmienda hubiera causado un peligroso retraso en el calendario que ya está en marcha para llevar a cabo el censo nacional. Se estima que el cambio en los cuestionarios a esta altura hubiera puesto en peligro las preparaciones realizadas hasta hoy a un costo de $7 mil millones.
El Senado defendió la integridad del censo al rechazar las propuestas que trataban de manipular sus resultados y con evidentes tintes de discriminación hacia los indocumentados.
