El despido masivo de trabajadores indocumentados de American Apparel en Los Ángeles es una injusticia, aunque tenga bases legales. La estricta aplicación de castigos a los empleadores que contratan a trabajadores sin papeles debería ser parte de una reforma migratoria que, entre sus componentes, tiene una legalización para las personas con empleos regulares y que llevan un tiempo construyendo su vida en este país, como los empleados de American Apparel.
No obstante, eso no justifica hacer un suicidio político como un acto de protesta contra ella.
El caso de American Apparel es uno de los ejemplos usados por quienes abogan a favor de un boicot latino al censo nacional del año que viene. Ellos dicen que, de esta manera, dañan a los políticos que desean contar a los indocumentados para recibir los beneficios que representa los números altos de población, sin querer otorgarle a estos inmigrantes una legalización.
Este argumento ignora que el más perjudicado en este caso no es el político, sino la persona que no es contada. Esa familia no estará tomada en cuenta a la hora de distribuirse cerca de $450 mil millones en fondos federales para cumplir con las necesidades de las distintas comunidades. El no ser contado en el 2010 causará un perjuicio que durará 10 años.
La Oficina del Censo distribuirá formularios bilingües, los medios de comunicación en español —como impreMedia— junto a organizaciones como la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electo y Designados (NALEO) están en plena campaña para que no quede latino e inmigrante sin contar.
La actual política migratoria causa frustración, pero eso no debe ser motivo para esconderse en un acto de desafío. La respuesta debe ser precisamente la contraria, mostrar cuantos somos y que no aceptamos ser ignorados.
