El ya famoso sheriff Joe Arpaio, del condado Maricopa en Arizona, renovó su contrato con el Departamento de Seguridad Interna,para seguir colaborando con la agencia federal en la identificación de indocumentados según el programa 287(g).
El acuerdo limita en gran medida la libertad de acción de Arpaio. Sin embargo, sus antecedentes de abusos de autoridad son suficientes como para dejar de lado a esta agencia policial.
El contrato nuevo restringe a la cárcel la función inmigratoria de los agentes del Sheriff y le quita la autoridad para hacer caprichosas redadas masivas en la calle en busca de indocumentados. Arpaio también se destacó por el uso de perfiles raciales para buscar sospechosos de no tener papeles y detenerlos por infracciones menores.
La actitud arbitraria y prepotente de Arpaio le ha ganado el dudoso honor de ser el Sheriff con más demandas judiciales del país. Los archivos muestran que esta agencia policial fue demandada 4,911 veces ante los tribunales federales a lo largo de los años y en la actualidad hay 300 juicios que llevan el nombre de Arpaio en los tribunales estatales.
Los contribuyentes del condado Maricopa —casi 4 millones de habitantes— parecen no estar preocupados por los abusos de Arpaio —que ya les ha costado $42 millones— porque los votantes lo siguen reelegiendo. Ese eventualmente es un problema local y muy serio para la comunidad latina de Arizona.
Mientras tanto, Arpaio aseguró que el nuevo contrato no limita sus redadas y persecución de indocumentados.
Por todo esto, es inentendible que el gobierno federal todavía considere a Arpaio como un socio viable en el programa de control de inmigración 287(g), que promueve la colaboración de la policía local. Sus antecedentes de arbitrariedades lo deberían haber descalificado de cualquier acuerdo de este tipo.
