SAN JUAN
La crisis económica y los bajos niveles de empleo en Puerto Rico afectarán aún más la calidad de vida de sus habitantes: algunas familias hasta podrían irse a la cama con hambre o podrían sacrificar la compra de medicamentos para atender sus quebrantos de salud.
Así lo advirtieron economistas y sociólogos durante un panel sobre la situación económica actual.
Datos de estudio
El Centro para la Nueva Economía presentó un estudio que reveló que el 36% de las familias boricuas tiene al menos un miembro trabajando en el sector público en momentos en que el gobierno evalúa una segunda ola de despidos para atajar el déficit fiscal de unos 3.200 millones de dólares.
"Nosotros, en los últimos 30 años, hemos tenido niveles de empleo bien bajos, pero están bajando a unos niveles que yo considero peligrosos en términos de que comprometen el estándar de vida de los puertorriqueños", sostuvo la economista y profesora universitaria María Enchautegui.
A modo de ejemplo, mencionó que podría reflejarse una merma en las visitas y compras en centros comerciales y cambios en los patrones de alimentación de los ciudadanos, que podrían optar por "eliminar una comida porque no tienen compra" o "se pueden ir a la cama con hambre".
Despidos
El gobierno ha informado oficialmente que en los últimos meses ha despedido a 7.816 servidores públicos, de los cuales 6.797 eran empleados transitorios, en su mayoría maestros y trabajadores de comedores escolares que tuvieron que ser recontratados cuando inició el curso escolar en agosto.
El gobernador Luis Fortuño había dicho que se necesitaría despedir a más de 30.000 trabajadores.
La Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal informó recientemente que para septiembre deberá estar lista la evaluación que hace el gobierno sobre cuántos empleados pueden eliminarse de cada agencia sin afectar la prestación de servicios.
Según los resultados del estudio, entre un 40% y un 45% de los empleados públicos tiene algún tipo de deuda hipotecaria, por lo que ese sector financiero se vería afectado con el despido de trabajadores del gobierno.
La tasa de desempleo se elevó en julio al 16,5%, según el Departamento del Trabajo. Las medidas de ahorro y los programas de retiro temprano y despidos incentivados —con el fin de economizar 2.000 millones de dólares— sólo han dejado 291 millones de dólares en economías.
SAN JUAN
La crisis económica y los bajos niveles de empleo en Puerto Rico afectarán aún más la calidad de vida de sus habitantes: algunas familias hasta podrían irse a la cama con hambre o podrían sacrificar la compra de medicamentos para atender sus quebrantos de salud.
Así lo advirtieron economistas y sociólogos durante un panel sobre la situación económica actual.
Datos de estudio
El Centro para la Nueva Economía presentó un estudio que reveló que el 36% de las familias boricuas tiene al menos un miembro trabajando en el sector público en momentos en que el gobierno evalúa una segunda ola de despidos para atajar el déficit fiscal de unos 3.200 millones de dólares.
"Nosotros, en los últimos 30 años, hemos tenido niveles de empleo bien bajos, pero están bajando a unos niveles que yo considero peligrosos en términos de que comprometen el estándar de vida de los puertorriqueños", sostuvo la economista y profesora universitaria María Enchautegui.
A modo de ejemplo, mencionó que podría reflejarse una merma en las visitas y compras en centros comerciales y cambios en los patrones de alimentación de los ciudadanos, que podrían optar por "eliminar una comida porque no tienen compra" o "se pueden ir a la cama con hambre".
Despidos
El gobierno ha informado oficialmente que en los últimos meses ha despedido a 7.816 servidores públicos, de los cuales 6.797 eran empleados transitorios, en su mayoría maestros y trabajadores de comedores escolares que tuvieron que ser recontratados cuando inició el curso escolar en agosto.
El gobernador Luis Fortuño había dicho que se necesitaría despedir a más de 30.000 trabajadores.
La Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal informó recientemente que para septiembre deberá estar lista la evaluación que hace el gobierno sobre cuántos empleados pueden eliminarse de cada agencia sin afectar la prestación de servicios.
