Miriam Flores es una inmigrante mexicana de 42 años que, como cualquier otra madre hispana preocupada por la educación de sus hijos, ha llevado la causa del inglés como segundo idioma hasta los más altos tribunales del país.Flores, madre de tres niñas y quien ha vivido en la ciudad fronteriza de Nogales por más de 20 años, es la mujer detrás del caso Flores vs Arizona, que exige fondos adicionales para los programas de inglés como segundo idioma.
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Nogales (Arizona), 2 de Noviembre (EFE).- Miriam Flores es una inmigrante mexicana de 42 años que, como cualquier otra madre hispana preocupada por la educación de sus hijos, ha llevado la causa del inglés como segundo idioma hasta los más altos tribunales del país.
Flores, madre de tres niñas y quien ha vivido en la ciudad fronteriza de Nogales por más de 20 años, es la mujer detrás del caso Flores vs Arizona, que exige fondos adicionales para los programas de inglés como segundo idioma.
En 1992, varias familias hispanas, entre ellas la de Flores, se querellaron contra el Distrito Escolar Unificado de Nogales asegurando que éste violaba los derechos de los alumnos de los programas de inglés como segundo idioma, frenando sus oportunidades de éxito escolar.
“Mi hija mayor siempre fue una buena estudiante, en tercer año ya sabía las tablas de multiplicar, sabía sumar y restar, algo que yo le había enseñado en español”, dijo en entrevista con Efe Flores, una mujer orgullosa de sus raíces latinas y originaria del estado de Sonora.
“Empezó a tener problemas en tercer grado, no le entendía nada a la maestra (la cual sólo hablaba inglés), por lo que sus notas comenzaron a bajar. Empezó a tener miedo de ir a la escuela, tener pesadillas, una situación que se convirtió muy difícil para ella y para mí”, recordó.
Agregó que la maestra pensaba que su hija Miriam tenía problemas de conducta, sin llegar a comprender que la niña no entendía lo que le preguntaban en los exámenes y al hablar con otros padres se dio cuenta de que el caso de su hija no era el único.
Flores se sintió muy frustrada ya que la falta de recursos económicos en las escuelas, la ausencia de maestros bilingües y de ayuda adicional para que los niños aprendieran inglés se estaba convirtiendo en un obstáculo para estos estudiantes hispanos.
Cuando un grupo de abogados la contactó para exponerle la posibilidad de presentar una acción legal, la madre hispana no lo dudó.
“Me sorprendió mucho el impacto que ha tenido este caso, sobre todo, el tiempo que ha durado”, confesó Flores, cuya hija, ahora de 23 años, estudia enfermería en la Universidad del Gran Cañón en Phoenix.
Fue gracias a una gran dedicación que su hija pudo superar los obstáculos y llegar hasta la universidad, algo que no logran muchos estudiantes hispanos debido a que no cuentan con las herramientas necesarias, según Flores.
Tras casi dos décadas de lucha, el pasado mes de junio el Tribunal Supremo de los Estados Unidos envió de regreso el caso al Tribunal de Apelaciones del Circuito Nueve en California y pidió a los jueces considerar si el estado de Arizona ha cumplido con leyes de los derechos civiles tomando en cuenta los cambios que ha hecho el estado desde que comenzó el caso.
“La decisión del Supremo fue desmoralizante, sobre todo, porque aún hay una gran deficiencia en las escuelas y nuestros estudiantes son quienes están pagando el precio”, dijo Flores, quien sigue involucrada en la escuela de su hija menor, Isabella, de cinco años.
La decisión del Supremo no significa la desestimación de la demanda, pero sí le podría otorga nuevamente a los legisladores estatales el poder de determinar cuánto dinero se invierten en los programas de enseñanza del idioma inglés.
En 1988, el estado les daba a las escuela 164 dólares extras por cada estudiantes que estaba aprendiendo el idioma, mientras que de acuerdo con una encuesta, las escuelas gastaban un promedio de 450 dólares por cada alumno.
En ese entonces 45.000 estudiantes estaban inscritos en los programas de inglés como segundo idioma en todo el estado.
Cuando se entabló la demanda, en 1992 el número había aumentado a 75.000 estudiantes.
El caso se concentra ahora en cuestionar también la efectividad del actual sistema de enseñanza de inglés como segundo idioma en el estado de Arizona, el cual obliga a las escuelas a establecer un programa de cuatro horas de enseñanza diarios del idioma para los estudiantes que no lo dominan.
“Creo que todos los padres hispanos debemos involucrarnos en las escuelas de nuestros hijos y no quedarnos callados si hay algo que no nos gusta”, aseveró.
Actualmente en Arizona hay 143.000 estudiantes registrados en los programas de inglés como segundo idioma.
“Definitivamente este caso aún no termina, no se cuántos años pueda durar, pero si sirve para beneficiar por lo menos a un estudiante, habrá valido la pena”, finalizó Flores.
Flores, madre de tres niñas y quien ha vivido en la ciudad fronteriza de Nogales por más de 20 años, es la mujer detrás del caso Flores vs Arizona, que exige fondos adicionales para los programas de inglés como segundo idioma.
En 1992, varias familias hispanas, entre ellas la de Flores, se querellaron contra el Distrito Escolar Unificado de Nogales asegurando que éste violaba los derechos de los alumnos de los programas de inglés como segundo idioma, frenando sus oportunidades de éxito escolar.
“Mi hija mayor siempre fue una buena estudiante, en tercer año ya sabía las tablas de multiplicar, sabía sumar y restar, algo que yo le había enseñado en español”, dijo en entrevista con Efe Flores, una mujer orgullosa de sus raíces latinas y originaria del estado de Sonora.
“Empezó a tener problemas en tercer grado, no le entendía nada a la maestra (la cual sólo hablaba inglés), por lo que sus notas comenzaron a bajar. Empezó a tener miedo de ir a la escuela, tener pesadillas, una situación que se convirtió muy difícil para ella y para mí”, recordó.
Agregó que la maestra pensaba que su hija Miriam tenía problemas de conducta, sin llegar a comprender que la niña no entendía lo que le preguntaban en los exámenes y al hablar con otros padres se dio cuenta de que el caso de su hija no era el único.
Flores se sintió muy frustrada ya que la falta de recursos económicos en las escuelas, la ausencia de maestros bilingües y de ayuda adicional para que los niños aprendieran inglés se estaba convirtiendo en un obstáculo para estos estudiantes hispanos.
Cuando un grupo de abogados la contactó para exponerle la posibilidad de presentar una acción legal, la madre hispana no lo dudó.
“Me sorprendió mucho el impacto que ha tenido este caso, sobre todo, el tiempo que ha durado”, confesó Flores, cuya hija, ahora de 23 años, estudia enfermería en la Universidad del Gran Cañón en Phoenix.
Fue gracias a una gran dedicación que su hija pudo superar los obstáculos y llegar hasta la universidad, algo que no logran muchos estudiantes hispanos debido a que no cuentan con las herramientas necesarias, según Flores.
Tras casi dos décadas de lucha, el pasado mes de junio el Tribunal Supremo de los Estados Unidos envió de regreso el caso al Tribunal de Apelaciones del Circuito Nueve en California y pidió a los jueces considerar si el estado de Arizona ha cumplido con leyes de los derechos civiles tomando en cuenta los cambios que ha hecho el estado desde que comenzó el caso.
“La decisión del Supremo fue desmoralizante, sobre todo, porque aún hay una gran deficiencia en las escuelas y nuestros estudiantes son quienes están pagando el precio”, dijo Flores, quien sigue involucrada en la escuela de su hija menor, Isabella, de cinco años.
La decisión del Supremo no significa la desestimación de la demanda, pero sí le podría otorga nuevamente a los legisladores estatales el poder de determinar cuánto dinero se invierten en los programas de enseñanza del idioma inglés.
En 1988, el estado les daba a las escuela 164 dólares extras por cada estudiantes que estaba aprendiendo el idioma, mientras que de acuerdo con una encuesta, las escuelas gastaban un promedio de 450 dólares por cada alumno.
En ese entonces 45.000 estudiantes estaban inscritos en los programas de inglés como segundo idioma en todo el estado.
Cuando se entabló la demanda, en 1992 el número había aumentado a 75.000 estudiantes.
El caso se concentra ahora en cuestionar también la efectividad del actual sistema de enseñanza de inglés como segundo idioma en el estado de Arizona, el cual obliga a las escuelas a establecer un programa de cuatro horas de enseñanza diarios del idioma para los estudiantes que no lo dominan.
“Creo que todos los padres hispanos debemos involucrarnos en las escuelas de nuestros hijos y no quedarnos callados si hay algo que no nos gusta”, aseveró.
Actualmente en Arizona hay 143.000 estudiantes registrados en los programas de inglés como segundo idioma.
“Definitivamente este caso aún no termina, no se cuántos años pueda durar, pero si sirve para beneficiar por lo menos a un estudiante, habrá valido la pena”, finalizó Flores.
