Al capitán, con sueldo de agente raso, se le aguaron los ojos cuando habló de su amigo Sacramento Pérez, director de la Policía municipal, el tercer jefe asesinado por el narcotráfico en menos de un año en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A pesar del peligro que corren las autoridades en esta zona de México, la amenaza implícita no lo amedrenta. Está convencido de su misión y no se queja del difícil trabajo que hace: lidiar con criminales que no poseen corazón ni moral. Él ha visto las cabezas cortadas por los narcotraficantes a sus enemigos, como un símbolo perverso de poder.

Esta municipalidad fronteriza con Estados Unidos, igual a otras regiones mexicanas, resiste una guerra entre bandas rivales que pretenden controlar el negocio del tráfico de drogas hacia el norte y el de armas hacia el sur.

En medio de la hostilidad, los policías tienen dos opciones: combatirlos con el riesgo de morir, o dejarse sobornar. Los delincuentes matan a los que ellos creen que protegen a una u otra organización y de paso amedrentan a los honestos.

Los que eligieron ensuciarse las manos, hacen parte de la alta cifra de corruptos en México.

Lo mismo sucede, en menor proporción (lo cual no deja de ser amenazante), en otros países del continente.

Es una enfermedad nociva que sufren nuestros pueblos, en un círculo vicioso. Un político corrupto malversa fondos estatales y empobrece las finanzas; entonces brotan las peores perturbaciones sociales: miseria, delincuencia, guerrilla y narcotráfico. El policía, sabiendo que muchos de sus gobernantes participan en el sistema sucio, resuelve imitarlos y se malea porque no tiene formación ética.

A la mayoría de los policías el salario sólo les alcanza para sobrevivir. Su hogar casi siempre está en sectores marginados, cuyos vecinos con frecuencia son los bandidos que persiguen.