En su primer mes de gobierno, Barack Obama ha trabajado como pocos. La magnitud de la crisis que sufre el país le ha obligado a destinar incontables horas para intentar enderezar la economía, en medio de un clima político por demás adverso debido a las críticas republicanas. Por fortuna sus esfuerzos han comenzado a fructificar y finalmente firmó el programa de estímulo que esperamos nos ayude a ver la luz al final del túnel.
En este escenario, diversos sectores esperan que Obama empiece a dedicarse a otros asuntos. Uno de estos grupos es el de los pro inmigrantes que, con razón, le recuerdan al presidente que cuando era candidato prometió que lucharía por impulsar una reforma migratoria para terminar, entre otras calamidades, con las redadas y deportaciones que tanto sufrimiento causan porque separan a las familias.
La demanda es válida, sobre todo porque en los últimos cinco años las autoridades migratorias se han concentrado en deportar a miles de trabajadores cuyo único delito es carecer de papeles. Un reciente informe de Migration Policy Institute indica que el 73% de las 97 mil personas arrestadas entre 2003 y 2008 no tenían un historial criminal.
El problema es particularmente grave porque durante esos años las autoridades migratorias recibieron fondos federales para arrestar a criminales y fugitivos peligrosos, no a indocumentados sin antecedentes penales. Consciente de esta falla, la nueva secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Janet Napolitano, afirmó que se debe revisar el programa de deportaciones. Pero hasta ahora las redadas siguen aterrorizando a comunidades enteras.
Otro asunto que preocupa sobremanera es el del muro en la frontera sur. Como senador, Obama votó a favor de la valla, pero cuando se convirtió en candidato se manifestó escéptico acerca de su efectividad para detener indocumentados. Napolitano también expresó dudas sobre la conveniencia del muro cuando era gobernadora de Arizona.
