WASHINGTON, D.C.— Lo rápido que va llenándose el cuaderno de incidentes criminales por razones de odio indica que va surgiendo el lado malévolo de nuestro carácter nacional. El hacer caso omiso de lo que va ocurriendo podría descubrir otra cosa —el no enfrentar un problema que requiere de atención a nivel nacional.
Lo último reportado, el 19 de julio, encuentra a dos adolescentes blancos en Shenandoah, Pennsylvania, acusados de cometer homicidio e intimidación étnica por golpear hasta la muerte a un inmigrante indocumentado mexicano de 25 años. Los acusados tienen sólo 16 y 17 años. Un tercer joven está acusado de asalto.
En Nashville, una mujer embarazada mexicana detenida por una infracción de tránsito el 3 de julio y a quien encontraron tener pendiente un cargo por infringir las leyes de inmigración, resultó detenida con esposas y grilletes por el departamento del alguacil mientras sufría los dolores del parto antes de dar a luz.
En Carolina del Norte, dirigentes hispanos recibieron amenazas de muerte por apoyar un proyecto de ley que les otorgaría a algunos inmigrantes indocumentados el derecho de asistir a las universidades estatales. Dos de los dirigentes, nacidos en los EEUU, reportaron haber recibido mensajes llenos de vulgaridades y que les dijeron que "volvieran de dónde habían venido". Otros comentarios despectivos incluyeron —ya lo adivinó usted— su etnicidad hispana.
En Phoenix, cinco individuos y Somos América, una coalición de base comunitaria latina, han abierto juicio en tribunal distrital federal contra el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arapaio, y contra su departamento y el gobierno del condado, por detener y maltratar ilegalmente a latinos, lo cual es una infracción de las Enmiendas Cuatro y 14 de la Constitución de los Estados Unidos, del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, y de la Constitución de Arizona.
El querellante, Manuel Nieto, Jr., ciudadano de los Estados Unidos, mantiene que lo detuvieron delante del taller de reparaciones mecánicas de su familia después que la policía lo oyera escuchar música en español. Los dos contrincantes del Partido Demócrata para el puesto de fiscal del condado, en contra del titular republicano, Andrew Thomas, elección a realizarse en noviembre, dicen que se seleccionó a algunos inmigrantes indocumentados a costa del procesamiento de todos los delitos cometidos en general.
Han recibido atención de los medios muchos, muchos más incidentes infames —en Farmer’s Branch, Texas, en Hazelton, Pa., en Long Island, N.Y., en Pottsville, Iowa. Se han realizado en casi todos los estados de la nación.
Si se quedan sin corrección, esta intolerancia social se convertirá en parte de nuestro carácter nacional, así como se conformó la segregación racial.
Permite la discriminación. Y mientras tanto, gente buena simplemente observa.
Las cifras —en particular de infracciones prejudiciales de menor escala—las corrobora el Centro Pew de Investigación en un estudio del 2007. Increíblemente, el informe encontró que una mayoría de hispanos indicó que era un problema mayor la discriminación en su contra.
No hay nada con las dimensiones actuales que haya ocurrido en nuestro país desde la Ley de Exclusión de los Chinos de 1882, cuando personas racistas echaron a trabajadores chinos de pueblos del oeste, lo cual incitó a muchos a buscar refugio en México.
Durante los años de depresión económica de la década de los 1930, más de medio millón de "mexicanos", miles de los cuales tenían documentos legales y miles más nacidos aquí, fueron desarraigados y enviados a México cual ganado, en trenes y en camiones.
Una racionalización irreflexiva dice que la culpa es de ellos, que ya les tocaba, que probablemente entraron sin permiso a nuestro país.
¿Acaso les tocaba a los 75 inmigrantes indocumentados, empleados de empresas de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, cuando murieron junto a tres mil personas más? ¿Merecían morir?
Lo que hoy se necesita es reconciliar, y contar, admitir y reconocer lo que ocurrió y lo que lo va impulsando. Un paso en esa dirección sería hacer un llamado a todos los que postulan a puestos políticos a nivel nacional a que se comprometan a realizar una averiguación a nivel nacional de reconciliación que identifique lo responsable por la reacción exagerada e irracional al tema de inmigración. ¿Quiénes son los oportunistas y quiénes los que provocan conflicto?
Dirigentes religiosos y de instituciones de derechos humanos deben formar parte de la inquisición para oír de las víctimas de abuso que viven entre nosotros. Y deberíamos invitar a los de países vecinos a dar voz a sus perspectivas. Ya no debemos sólo escucharnos a nosotros mismos.
Los votantes en noviembre deben exigir no sólo un compromiso con una reforma migratoria lógica, sino también con una estrategia nacional para eliminar políticas que animan las prácticas de abuso contra nuestros chivos expiatorios nacionales, los más vulnerables entre nosotros. Esta pestilencia la podemos ventilar con la verdad.
José de la Isla, autor de The Rise of Hispanic Political Power (Archer Books, 2003), redacta un comentario semanal para Hispanic Link News Service. joseisla3@yahoo.com.
