La ley SB1070 de Arizona es perjudicial para la seguridad pública, a pesar de que el combate a la delincuencia es el motivo principal alegado por los entusiastas de la ley.
Si no lo cree, basta ver la reunión que sostuvieron ayer los jefes de policía de las principales ciudades del país, incluido Charles Beck de Los Ángeles, con el secretario de Justicia Eric Holder. Los policías están preocupados por la ley de Arizona y la posible proliferación de leyes similares en otras áreas del país.
El problema es que algunos políticos en su afán de ganar puntos con los votantes invocan olas de delincuencia que no existen —como en el caso de Arizona— para culpar a los indocumentados. Así aprueban medidas que al final son contraproducentes a la hora de controlar el crimen.
No hay que engañarse, hasta en Arizona hay solo un puñado de autoridades del orden, entre ellos el Sheriff Joe Arpaio, que respalda la nueva ley. El resto de las autoridades policiales, tanto en ese estado como en la mayoría del país, comprende que hay que combatir la delincuencia, y que para ello es necesario contar con la confianza de todas las comunidades, incluso la indocumentada.
El mensaje de los jefes de policía al gobierno federal es claro: La ley de Arizona dificulta la función policial, por lo cual no debe permitirse que se presente en otras jurisdicciones.
Ahora es el turno de la administración Obama, y específicamente del Departamento de Justicia, de disputar enfáticamente en los tribunales la constitucionalidad de ley.
Ya existe el precedente de que un estado no puede atribuirse poderes de inmigración. Si eso no es suficiente al menos hay que velar por la seguridad pública y, según los jefes de policía, es eliminando la SB1070 y sus similares.
