Lo que más llama la atención en la crisis política de Honduras es la pretensión de orden constitucional que ha querido mostrar el gobierno de facto de Roberto Michelleti. No hay que confundirse, en este caso la Constitución y la Corte Suprema de Justicia son utilizadas como un elemento más para precisamente defender los valores contrarias a la democracia.
Si el presidente Manuel Zelaya violó la Constitución al querer implementar una reelección, las instituciones hondureñas no fueron mucho más respetuosas al promover la expulsión nocturna del mandatario del país. Que no quepa duda, eso fue un golpe de estado.
Por eso, el único regreso a la normalidad democrática se cumple con el regreso de Zelaya a la presidencia, incluso con todas limitaciones impuestas en los acuerdos firmados y no respetados. No sorprende que el incumplimiento de lo pactado recaiga en Micheletti quien contrariamente a lo aparentemente negociado por Estados Unidos quiere encabezar el gobierno de reconciliación acordado, en vez de que sea Zelaya.
El Congreso hondureñodebía de autorizar el regreso de Zelaya y el legislativo decidió hacer consultas sin plazo para buscar opiniones legales antes de votar sobre la restitución del presidente derrocado. La Corte Suprema decidió armar una comisión para estudiar el caso, también sin establecer un calendario. Es obvio que la intención del gobierno es seguir demorando el proceso para llegar hasta la fecha de la próxima elección presidencial el 29 de noviembre o al 27 de enero próximo, día para traspaso de poder.
Con ese fin, se realiza en Honduras una farsa constitucional, que comenzó con en junio con el derrocamiento de Zelaya y continúa hasta hoy. Es penosa esta burla a la comunidad internacional y especialmente a los esfuerzos de Estados Unidos. La primera prueba de fuego para el compromiso del gobierno de Obama con la democracia en el continente es cada vez más desilucionante.
En la historia han habido muchos gobiernos de facto que en su momento organizaron elecciones y fueron sucedidos por democracias. En Honduras este proceso está cada vez más comprometido por la actitud totalitaria hasta el último momento del gobierno actual.
De seguir así el próximo gobierno llegará condicionado por las fuerzas políticas que prevalecen hoy en día en ese país. Esas mismas que no respetan la decisión del votante y se burlan de la democracia invocando, pero no respetando, la ley y la Constitución.
Lo que más llama la atención en la crisis política de Honduras es la pretensión de orden constitucional que ha querido mostrar el gobierno de facto de Roberto Michelleti. No hay que confundirse, en este caso la Constitución y la Corte Suprema de Justicia son utilizadas como un elemento más para precisamente defender los valores contrarias a la democracia.
Si el presidente Manuel Zelaya violó la Constitución al querer implementar una reelección, las instituciones hondureñas no fueron mucho más respetuosas al promover la expulsión nocturna del mandatario del país. Que no quepa duda, eso fue un golpe de estado.
Por eso, el único regreso a la normalidad democrática se cumple con el regreso de Zelaya a la presidencia, incluso con todas limitaciones impuestas en los acuerdos firmados y no respetados. No sorprende que el incumplimiento de lo pactado recaiga en Micheletti quien contrariamente a lo aparentemente negociado por Estados Unidos quiere encabezar el gobierno de reconciliación acordado, en vez de que sea Zelaya.
El Congreso hondureñodebía de autorizar el regreso de Zelaya y el legislativo decidió hacer consultas sin plazo para buscar opiniones legales antes de votar sobre la restitución del presidente derrocado. La Corte Suprema decidió armar una comisión para estudiar el caso, también sin establecer un calendario. Es obvio que la intención del gobierno es seguir demorando el proceso para llegar hasta la fecha de la próxima elección presidencial el 29 de noviembre o al 27 de enero próximo, día para traspaso de poder.
Con ese fin, se realiza en Honduras una farsa constitucional, que comenzó con en junio con el derrocamiento de Zelaya y continúa hasta hoy. Es penosa esta burla a la comunidad internacional y especialmente a los esfuerzos de Estados Unidos. La primera prueba de fuego para el compromiso del gobierno de Obama con la democracia en el continente es cada vez más desilucionante.
