La redada realizada por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Laurel, Mississippi que detuvo a más de 350 indocumentados es una operación similar en magnitud a la realizada en mayo pasado en Iowa. Nos preocupa que se repitan en Mississippi las violaciones a los derechos de los arrestados que ocurrieron en Iowa. Los indicios ya están presentes.
Los primeros reportes indican que las autoridades han estado interrogando a los arrestados sin la presencia de sus abogados, una situación similar en Iowa que fue preliminar a otras irregularidades de mayor magnitud.
Por ejemplo, en Iowa se aceleraron las acciones ante el juez, pidiendo a los detenidos que se declararan culpables pese que a los inmigrantes no entendían lo que ocurría tal como lo indicó el traductor federal que fue traído para esa ocasión y que evidentemente no fue suficiente para traducir tantas entrevistas.
En Iowa se intentó reducir cada audiencia judicial al seguir el libreto de un manual elaborado por las autoridades de inmigración. Y cuando llegaron los abogados, el tiempo que pudieron estar con sus cliente fue limitado.
Ya es lamentable que se realicen estos operativos espectaculares para capturar gente trabajadora y honesta. La política de separar familias es desalmada.
Es intolerable que por su condición de indocumentados las autoridades actúen con los detenidos como si la protección constitucional no les correspondiera. No hay justificación posible para aprovecharse de ellos.
La condición de ilegalidad de los detenidos no es excusa para que las autoridades decidan actuar fuera de la ley.
