La Suprema Corte de Justicia cometió un error al negarse a atender la demanda de organizaciones ecológicas en contra del muro que se está levantando en la frontera entre Estados Unidos y México. El Alto Tribunal pudo eludir esta vez dar su opinión, pero esperamos que en los próximos retos judiciales se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento que está siguiendo el gobierno federal.

Como primera medida, la muralla es una pésima idea, que atenta contra los principios de integración regional en el área de América del Norte. Su construcción refleja la anacrónica situación del tema migratorio en Estados Unidos, en que se utilizan estrategias medievales y de la Guerra Fría, como levantar murallas en vez de tener una política de acuerdo al globalismo del siglo XXI.

En el caso legal contra el muro se cuestiona la constitucionalidad de la decisión del Departamento de Seguridad Interna para ignorar 36 leyes sobre el medio ambiente para la construcción en Arizona.

En Texas es el próximo episodio judicial, a los ecologistas que protegen el medio ambiente se le suman más de 400 propietarios que acusan al gobierno federal de tomar ilegalmente porciones de sus tierras para construir allí la barrera.

Una vez más, al igual que con las cartas de discrepancia y otras medidas similares, la Administración Bush procura improvisar políticas de inmigración sin importarle los efectos colaterales que desencadena ni los derechos que se pisotean o las injusticias que se cometen.

La construcción de una muralla fronteriza es una mala política y, mientras esté vigente, corresponde a los tribunales frenar el abuso de autoridad que ocurra durante la implementación del proyecto.