¿En qué momento los militares cambiaron de ideas y se convencieron de las virtudes del orden constitucional? ¿Cuándo decidieron que era necesario dar paso a la democracia y renunciar a los golpes de estado? ¿Y fue una conversión verdadera? Por lo menos desde la elección del presidente Raúl Alfonsín en Argentina en 1983, parecía que se habían vuelto invisibles en todo el continente, y que de verdad estaban de regreso en sus cuarteles, de donde no saldrían nunca más. Todo se había vuelto miel sobre hojuelas, y como por arte de una lobotomía frontal, la vieja doctrina que los situaba como árbitros permanentes del poder parecía borrarse, y en uno y otro país, fuera el Caribe o el Cono Sur, los comandos supremos y los estados mayores conjuntos proclamaban su obediencia al poder civil.

Eran los mismos generales y almirantes que antes habían ocupado los palacios presidenciales, o que habían decidido quién debía ocuparlos; habían salido de las mismas academias de guerra, se habían entrenado gran parte de ellos en la Escuela de las Américas en Fort Gullick, en la Zona del Canal de Panamá, pero de pronto parecían renunciar a su pasado y adherían a las elecciones libres, y al respeto de los períodos presidenciales establecidos en las constituciones. Hasta que de pronto sonó el primer pistoletazo.

En 1991, el general Raoul Cédras derrocó por la fuerza de las armas al presidente constitucional de Haití, Bertrand Aristide, interrumpiendo un breve sueño de democracia en un país gobernado hasta hacía poco por la larga tiranía de los Duvalier, padre e hijo. Cédras estableció otra, a la vieja usanza de la guerra fría cuando la guerra fría había recién terminado, y la presión internacional, coronada por una intervención militar, lo obligó a devolver el poder a su legítimo dueño que, otra vez, electo de nuevo, volvió a ser derrocado en 2004, esta vez sin esperanza de regreso desde su lejano exilio en Sudáfrica.