Justicia
Las "cortes de drogas" especiales, que dan una alternativa al encarcelamiento a los adictos y a los delincuentes de crímenes relacionados con drogas que inciden por primera vez o que cometen faltas leves, se han extendido rápidamente por los sistemas judiciales de Estados Unidos. Pero es hora de preguntar: ¿acaso estos tribunales generan mayores males que beneficios a la sociedad?
Hace veinte años, las cárceles y tribunales del sur de la Florida estaban llenos de sospechosos de delitos menores relacionados con drogas —principalmente usuarios que vendieron pequeñas cantidades de cocaína para alimentar sus propios hábitos. A través de pruebas toxicológicas, se reveló que el 73% de los detenidos dieron positivo a drogas, con cocaína y marihuana principalmente. El sur de la Florida fue la capital mundial de la cocaína, y personas de origen latino fueron detenidos en mayor número que de cualquier otro grupo.
Las cárceles se llenaron tanto que la mayoría de las personas arrestadas por delitos relacionados con drogas fueron liberadas mientras esperaban juicio, mucha regresaron a las calles para ser detenidas de nuevo. En muchos casos, a través de acuerdos con las fiscalías, los acusados enfrentaron penas largas de prisión. Sin embargo, muchos criminales violentos también fueron liberados porque las cárceles estaban llenas delincuentes no violentos cumpliendo condenas obligatorias.
En 1989, la entonces fiscal estatal en Miami-Dade, Janet Reno, estableció un novedoso —en ese entonces— plan llamado "cortes de drogas". En las cuales los acusados de delitos menores relacionados con drogas eran enviados a programas de tratamiento y no a la cárcel. Hoy en día hay 2,100 "problemas en resolución" en tribunales a lo largo de todo el país, lidiando con acusados de drogas, conductores ebrios y culpables de violencia doméstica.
Sin embargo, los tribunales estatales y las cárceles siguen llenas de personas acusadas de uso o venta callejera de drogas. El Reporte de Crimen Organizado del FBI 2008 registró 1.7 millones de arrestos por drogas — lo que representa una detención cada 18 segundos.
No hay un modelo específico para los "tribunales de drogas." Algunos funcionan bien, otros no tanto.
La Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal realizó un estudio de dos años que plantea una serie de recomendaciones. Algunas de procedimiento como: Asegurar que los acusados no renuncien a representación jurídica o a entrar en rehabilitación. Otras son más radicales: Explorar la despenalización del consumo de drogas.
Un gran problema es que se obliga a los acusados a declararse culpables para poder ingresar a los programas de tratamiento. Incluso si un adicto logra sobriedad duradera y es poco probable que vuelva a cometer un delito, las consecuencias de una condena criminal pueden ser permanentes y devastadoras.
Una condena por drogas es un delito que puede iniciar un proceso de deportación aún para extranjeros legales. Y aunque no es la política del ICE invertir sus recursos deportando a los infractores de delitos menores, una simple aceptación de posesión de marihuana puede prohibir el reingreso al país. Algunos residentes descubren esto sólo después de volver a su país de origen para una boda o un funeral.
En muchos programas, los individuos que son capaces de defenderse a sí mismos, o aquellos que tienen dinero, encuentran un camino al tratamiento, mientras que la mayoría de los acusados que más necesitan ayuda terminan en la cárcel. Este tipo de "filtrado" puede proveer estadísticas de éxito, pero no hace un uso eficiente de los recursos disponibles. Los programas que ayudan a vencer la adicción ahorran dinero; los que ponen a adictos en la cárcel cuestan a los contribuyentes.
La mayoría de las cortes de drogas fueron creados debido a tribunales sobrecargados de casos. Hay a menudo pocas oportunidades en el proceso para que los abogados defensores defiendan a sus clientes eficientemente. Pero hay excepciones positivas. En Filadelfia, a un acusado se le da una oportunidad razonable de defenderse a sí mismo. De esta manera, las personas inocentes no son presionadas a declararse culpables y malgastar recursos para evitar la cárcel.
En Tennessee, la ley permite a una persona acusada de un delito menor que su caso sea reservado para permitir el tratamiento. Si el tratamiento tiene éxito, el Estado ahorra dinero. En ocasiones es posible ver que los jueces tomen el asunto en sus propias manos y presionen a los fiscales para retirar o modificar cargos y trasladar a la persona acusada a tratamiento.
Países de Europa y América Latina han comenzado la despenalización del consumo de drogas en pequeña cantidades como una forma de combatir la adicción y hacer uso eficaz de los recursos de la justicia penal. Encarcelar a los reincidentes por períodos extensos agrega tensión en las cárceles y no ayuda a los adictos a curarse.
El país necesita adoptar una nueva mirada en la manera de tratar con los problemas de droga. Cerca de 500,000 hombres y mujeres están actualmente encarcelados por delitos relacionados con drogas, en su mayoría de escasos recursos, minorías e inmigrantes. El abuso de sustancias es realmente una cuestión médica, no criminal. Es importante destacar que el movernos de una "guerra contra las drogas" a una estrategia para el control de las drogas y el tratamiento de los toxicómanos es el siguiente paso lógico.
Martín Antonio Sabelli es un abogado de San Francisco e integra la junta de directores de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.
