Muchos hondureños, dentro y fuera de su país, sienten la frustración y rabia de no ser tomados en cuenta ante el repudio abierto al llamado golpe de estado contra el Presidente Zelaya. Los líderes de la comunidad y organismos internacionales debieron analizar a más profundidad los acontecimientos previos antes de decidir un ultimátum y sanciones.

Soy fiel creyente de los preceptos democráticos y de la unión de los pueblos para hacerlos respetar, tanto como en la soberanía y libertad de los pueblos para decidir su futuro y poder corregir a tiempo los desvíos y violaciones que sus gobernantes cometen al amparo del poder.

Este ha sido el caso de Zelaya.

Hoy, a través de los medios de comunicación, estamos mas inclinados a hacer eco de las disposiciones de los organismos internacionales, a dar espacio a las voces de lideres extranjeros que, fuera del territorio hondureño, cuestionan y critican el delicado acontecer político y social en ese país, pero en honor a la verdad, han sido pocos los que se han preocupado por difundir en este momento crucial otras voces, las voces del pueblo hondureño y las voces de otros poderes en ese país como el legislativo y el judicial, que mucho tendrían que decir, aportar y mostrar a la comunidad internacional.

Antes de su destitución, Manuel Zelaya rompió las leyes de su país al convocar una consulta orientada a modificar la constitución hondureña a través de una Asamblea Nacional Constituyente para reelegirse indefinidamente al más puro estilo chavista. La autoridad electoral demandó y el Poder Judicial declaró ilegal la intención presidencial por considerarla inconstitucional.