Se vence hoy el plazo para el retorno a Honduras del presidente Manuel Zelaya, que fuera expulsado por los militares hondureños. De lo contrario, la nación centroamericana comenzará a sentir los efectos de la reacción internacional.

Esta es una situación difícil fabricada por las actuales autoridades civiles y militares hondureñas incapaces de lidiar de una manera constitucional con los deseos de Zelaya de extender su período de gobierno. Cortar por lo sano expulsándolo a Costa Rica puede ser práctico, pero es un atropello a los votantes de Zelaya que tienen el derecho de esperar que —el presidente al cual ellos eligieron— termine su período. O al menos poder ver un proceso abierto y transparente, con las pruebas en la mano, si es que va a ser destituido.

La cuestión no es lo bueno o lo malo de Zelaya o la influencia del venezolano Hugo Chávez. En la democracia el proceso de un hecho es tan importante como su fin, le da legitimidad al resultado final.

En Honduras hoy las garantías del individuo han sido suspendidas, los medios de comunicación censurados y arrestados algunos opositores al golpe de estado. Estos hechos están intimamente ligados a una acción militar que no es menos ilegal por gozar de respaldo civil. La designación de Ricardo Micheletti como presidente provisional no borra lo sucedido.

El gobierno actual de Honduras se colocó en una posición difícil de salir bien parado con sus acciones precipitadas y antidemocráticas. Se quiso eliminar a Zelaya del panorama, en cambio su accionar elevó al mandatario a la categoría de un estandarte de la democracia ante los ojos del mundo.