Justicia
El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, dijo hace poco a periodistas que está reconsiderando su opinión sobre la pena de muerte y que podría aprobar una ley para finalizar esa práctica en Nuevo México. Hace unos pocos años, Richardson apoyaba firmemente la pena de muerte. Pero ha habido muchos cambios en los últimos años, en todo el país —y aquí en California— que están haciendo que cada vez más personas reconsideren la pena de muerte.
Hace tres años, se clausuró la puerta a la cámara de ejecución de California debido a cuestionamientos legales al método de ejecución de nuestro estado. En ese período, hemos estado pagando para mantener las apariencias de la pena de muerte a un precio nada despreciable de más de 400 millones de dólares. Ese es el costo de alojar a las personas en instalaciones especiales mientras esperan la pena de muerte y el procesamiento de las apelaciones obligatorias. En ese mismo tiempo, 15 personas murieron debido a otras causas mientras esperaban ser ejecutadas, esta cantidad es mayor que el estado ejecutó en los últimos 30 años. De hecho, estamos pagando un precio adicional por lo que en realidad es una prisión permanente, solo para poder decir que tenemos pena de muerte.
Mientras que durante los últimos tres años el gobierno de California ha hecho de cuenta que nada cambió, una enorme transformación ocurrió con relación a la pena de muerte a nivel nacional. En diciembre 2007, New Jersey se convirtió en el primer estado en 40 años en revocar la pena de muerte al reemplazarla por prisión perpetua. Poco después de esa audaz medida, la Suprema Corte de Nueva York declaró inconstitucional la pena de muerte en su estado. La Asamblea Legislativa de Nueva York optó por no pagar millones de dólares en restablecerla. Este año se están estudiando proyectos de ley para reemplazar la pena de muerte por prisión perpetua en seis estados, desde Montana a Maryland. Los republicanos y demócratas que apoyan estas leyes mencionan como argumentos el dolor que el proceso de la pena de muerte inflige a las familias de las víctimas, el riesgo de que una persona inocente sea ejecutada y los altos costos del sistema de la pena de muerte.
Pero quizás sean más significativos los cambios que han ocurrido cerca de nuestro estado, que han brindado a los californianos en estos tres años la oportunidad de analizar como nunca antes nuestro sistema de justicia penal y nuestras prioridades presupuestales.
Poco después de que se detuvieron las ejecuciones, un panel bipartidario de expertos en justicia penal comenzó una investigación de tres años del sistema de justicia penal del estado, motivados por la preocupación de que más de 200 personas inocentes habían sido liberadas de prisiones en California en solo 15 años. El panel designado por el Senado, conocido como la Comisión sobre la Administración Justa de la Ley de California, generó una serie de recomendaciones sobre políticas para eliminar los procesamientos injustos. La implementación de esas reformas debería haber tenido máxima prioridad. Después de todo, cada vez que una persona inocente es procesada injustamente, la persona culpable continúa libre en la calle.
Pero el año pasado, dos proyectos de ley para implementar las reformas que se necesitaban con más urgencia fueron eliminados debido a la crisis del presupuesto estatal.
Las dificultades de nuestra economía y los problemas presupuestales son los que nos obliga a cuestionarnos sobre nuestras prioridades en cuanto a seguridad pública.
El mismo panel bipartidario de expertos llegó a la conclusión de que la pena de muerte en California es un completo fracaso y está al borde del colapso. Para que el sistema sea funcional al nivel más básico, la Comisión concluyó que tendríamos que gastar mucho más dinero, más de $200 millones por año. Ya pagamos más de $137 millones cada año, más de lo que costaría mantener a esas personas en prisión durante toda su vida, solo para mantener un simulacro de pena de muerte. Todos los costos adicionales se eliminarían si los 680 prisioneros que están sentenciados a pena de muerte fueran condenados a prisión perpetua.
Es posible que sea políticamente conveniente para algunos procuradores de distrito asegurar que los contribuyentes deberían estar dispuestos a pagar los gastos de la pena de muerte, sin importar el costo. Pero cada vez más ex fiscales, agentes del orden público y familias de las víctimas están pidiendo que se ponga fin al engaño. Los familiares de 15 víctimas de asesinato dijeron a la comisión, patrocinada por el Senado, que la pena de muerte gasta el dinero que se necesita para otras prioridades relacionadas con la seguridad pública; por ejemplo resolver más asesinatos y sacar a más personas peligrosas de la calle. Casi 50 ex fiscales, jueces y agentes del orden público repitieron esos comentarios. Todos ellos están de acuerdo con que tenemos más necesidades fundamentales relacionadas con la seguridad pública y no tenemos más dinero para despilfarrar con la pena de muerte.
Es hora de que California invierta en verdadera justicia para todos y deje de despilfarrar nuestro dinero en simbolismos para unos pocos.
Natasha Minsker dirige la política sobre pena de muerte para el Unión Americana de Libertades Civiles del norte de California.
