Debemos aplaudir con mucho entusiasmo el que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia haya iniciado una investigación contra el sheriff del Condado de Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio por presuntos actos de discriminación al conducir tareas politicales y supuestas requisas inconstitucionales. Ya venía siendo hora.
Tal y como escribieron el mes pasado en una carta a Justicia varios miembros del Comité Judicial del Congreso, el uso de perfil racial y la segregación de personas por su raza, así como los trucos publicitarios, no son substituto de una aplicación sensata y justa de la ley. Desde hace bastante tiempo, Arpaio ha dado muestras de estar menos interesado en la constitución y las leyes que en obtener publicidad por medio de declaraciones –y acciones- sensacionalistas.
El mes pasado, Arpaio hizo desfilar a inmigrantes indocumentados, atados unos a otros con grilletes hasta la "ciudad carpa" que ha habilitado para esos fines en el desierto de Arizona. Haciendo mofa de los detenidos, se refirió a las cercas electricas que la rodean, declarando que estas sí que "no las escalarían". Ahora nos enteramos que para denigrar a los detenidos, les conmina a usar calzoncillos color de rosa, una muestra de los cuales le regaló, firmado con su autógrafo, a un periodista de una televisora hispana que fue a hacerle una entrevista.
También estamos de acuerdo con los activistas que piden suspender el contrato 287g que permite al Departamento de Policía del condado de Maricopa el desempeño de tareas de inmigración. En las últimas dos semanas, un estudio independiente y una auditoría de la GAO –el brazo investigativo del Congreso federal- hayaron serios problemas en la aplicación de este programa, que se ha vendido como si fuera una poderosa arma contra el crimen, pero realmente ha servido para arrestar a trabajadores indocumentados.
