La Cámara de Representantes debatirá hoy la reforma del sistema de salud. Creemos que que es urgente la necesidad de ampliar y mejorar la cobertura médica, sin embargo, los proyectos de ambas cámaras son inadecuados por excluir deliberadamente a millones de personas.
Desde esta columna advertimos un tiempo atrás a los legisladores demócratas para que no caigan en la trampa de la inmigración ilegal. Que no cedan sus principios ante la estrategia de la oposición de convertir cada ley que llega al pleno en una política migratoria restrictiva contra los indocumentados. Lamentablemente este patrón de conducta se ha repetido.
El proyecto del Senado prohibe a los indocumentados a comprar una cobertura médica de su propio bolsillo —algo que hoy pueden hacer— en la bolsa de seguros que se creará. Mientras tanto, la medida de la Cámara Baja obligará a todos —indocumentados incluidos— a adquirir seguro, pero las personas sin papeles serán excluidos de los subsidios o de programas que ayudarán a costearlo.
Realmente, esto no tiene mucho sentido más allá de la miopía y el simplismo de querer castigar a quien entró sin permiso. El argumento de que los indocumentados consumen demasiados servicios médicos ha sido desvirtuado estudio y tras estudio sobre demografía médica.
De esta manera, se ignora la contribución impositiva de estos trabajadores a las arcas federales; además, de su participación activa en la fuerza laboral en proporciones que no pueden ser ignoradas. Ni hablemos siquiera de la barbaridad que significa esta exclusión en términos de política sanitaria o económica.
Millones de indocumentados se han ganado a fuerza de trabajo, y de pagar impuestos, el derecho a no ser excluidos como parias. El trato que se les da en la reforma médica habla de los tiempos políticos que corren, de una pragmática falta de principios de la mayoría demócrata y del oportunismo republicano de usar a los indocumentados como chivo expiatorio.
