La lucha que actualmente se libra para conseguir la aprobación de una reforma migratoria amplia y generosa a sido larga, pesada, y difícil.

Desde que el Presidente Reagan firmo la última gran reforma migratoria en 1986 ya a pasado cerca de un cuarto de siglo. Dicha ley permitió la regularización de alrededor de tres millones de trabajadores indocumentados. Quienes se legalizaron constituyeron un record a nivel mundial.

Sin embargo, el problema de la migración indocumentada no se resolvió por varias razones entre las que destacan dos muy importantes. Primero, porque el Congreso no corrigió lo que había de anticuado en el sistema que anualmente otorga una cantidad predeterminada e insuficiente de visas a solicitantes de residencia permanente. Segundo, porque la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari no permitió que en el Tratado de Libre Comercio se incluyera una cláusula que definiera la regularización de la mano de obra que en el futuro continuaría accediendo al mercado laboral de los Estados Unidos.

El resultado de esa política está a la vista. Se calcula que en la actualidad el país cuenta con un mínimo acumulado de 12 millones de indocumentados.

En un principio, la administración anterior motivó a que muchos pensáramos que se aprobaría una reforma migratoria. Los ataques terroristas del 11 de septiembre dieron al traste con dichas esperanzas, y tornaron el camino por recorrer sumamente complicado.

Cinco años después, en el 2006, los esfuerzos por la reforma migratoria nos hicieron vivir acontecimientos extraordinarios, tanto por lo inesperado así como por sus alcances políticos. Ese año, durante los meses de marzo, abril, y mayo, la nación se estremeció con la acción de millones de indocumentados quienes pacífica y ordenadamente solicitaron a las autoridades federales la reforma migratoria.