Marcela sanchez
En 2002, la compañía minera canadiense Pacific Rim recibió permisos preliminares para explorar la posibilidad de extraer oro en el norte de El Salvador. Sus representantes aseguraron a los residentes de la población cercana de San Isidro que el proyecto en la mina El Dorado crearía muy necesarios empleos y desarrollo.
Aunque la compañía insistía en que sus métodos de extracción basados en cianuro no afectan el medio ambiente y que sus procesos de limpieza garantizaban que el agua usada quedará potable, líderes de la comunidad estaban escépticos. Habían visto de primera mano que comunidades vecinas perdieron su suministro de agua debido a la minería y estaban preocupados con lo que le ocurriría a San Isidro.
En 2005, los activistas se unieron a otros opositores de la minería en El Salvador, incluida la Iglesia Católica, para formar la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y presionaron al gobierno del ex Presidente Tony Saca para que negara nuevos permisos de explotación minera. El grupo también apoya un proyecto de ley, ahora en curso en la Asamblea Legislativa, que prohibiría cualquier explotación minera de metales preciosos.
Por su trabajo, la Mesa Nacional recibió el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt en Washington recientemente.
La insatisfacción pública con operaciones mineras ha estado aumentando en América Latina en los últimos años. Los proyectos enfrentan serios cuestionamientos sobre su impacto ambiental y sobre la cantidad de empleos y desarrollo que terminan generando en las comunidades vecinas. Insostenibles por definición, las minas algún día cierran y la creciente percepción es que las compañías se van con sus ganancias y dejan a las comunidades enfrentando los daños.
Parte de el problema es que "los gobiernos no tienen la capacidad de manejar efectivamente estos proyectos", afirma Keith Slack, gerente del programa de industria extractiva de Oxfam America. "Donde hay muy poca presencia gubernamental y capacidad de monitorear y hacer cumplir leyes ambientales,... las compañías y comunidades deben valerse por sí mismas y terminan peleándose entre ellas".
Otro tema yace en la raíz: Los acuerdos mineros y su implementación rara vez incluyen la participación de las comunidades más afectadas. Algunos expertos como Elinor Ostrom, recién galardonada con el Premio Nobel de Economía, creen que esa desconexión se pasa con demasiada frecuencia por alto.
"Una de las ... variables más importantes para que un bosque sobreviva o no es si los pobladores del sector se vigilan mutuamente y monitorean su uso. No funcionarios sino los residentes locales", dijo Ostrom en una rueda de prensa este mes. "Lo que hemos ignorado es lo que los ciudadanos pueden hacer" por sí mismos.
En pocas palabras, esa es la historia de América Latina y sus recursos naturales. La búsqueda de El Dorado, tanto en leyenda como en realidad, ha ocurrido rara vez con la aquiescencia y menos aún con la participación de aquellos que tienen más que perder.
Algunas empresas están empezando a buscar acuerdos con mayor participación ciudadana. Compañías mineras extranjeras, trabajando con residentes de Espinar en Perú, por ejemplo, han acordado crear un fondo de desarrollo para asegurar que ganancias de la explotación de una mina de cobre del área producirán beneficios para generaciones locales futuras.
Pero siempre y cuando que esos acuerdos sean la excepción, la insatisfacción con la minería —incluso en países donde la industria es la principal fuente de crecimiento económico— probablemente continúe generando disturbios. En un informe emitido la semana pasada, la Defensoría del Pueblo enumeró 90 conflictos activos entre compañías mineras y comunidades.
Para Miguel Ángel Rivera Moreno, uno de los salvadoreños galardonados, la violencia es personal: en julio, el cuerpo de su hermano Marcelo fue hallado en un pozo después de haber sido aparentemente torturado. Autoridades han arrestado a cuatro miembros de pandillas y atribuido la muerte a crimen común. Pero amenazas de muerte contra otros activistas continúan y sugieren que podría haber un esfuerzo más organizado detrás del asesinato.
Aun así, Rivera no parece haber sido convencido de abandonar la causa. "La lucha anti minera es hacer valer tus derechos pero también cumplir un deber de proteger a la comunidad, a tu país", dijo en una entrevista. Compañías privadas y funcionarios públicos tienden a ver solo los beneficios para ellos, dijo, y no reconocen que sus derechos terminan donde empiezan los de la comunidad. Como ha observado Ostrom, este cambio en la valoración de derechos es una condición básica para la protección de recursos naturales.
Ciertamente los que vienen de afuera reconocen sus propios derechos —y los harán valer. El gobierno salvadoreño ahora enfrenta dos demandas multimillonarias ante el Centro Internacional para Resolución de Disputas sobre Inversiones del Banco Mundial presentados por Pacific Rim y la empresa minera estadounidense, Commerce Group. Las dos compañías demandan por presuntas pérdidas causadas por su imposibilidad de desarrollar proyectos mineros en El Salvador.
Como Tom Shrake, Presidente y Gerente General de Pacific Rim informó en abril, "si bien lamentamos haber tomado esta acción, tenemos la plena intención de defender los derechos de la compañía vigorosamente".
Marcela Sánchez es periodista radicada en D.C.
