A un mes de haber entrado en vigor la ley SB 1070 no han surgido arrestos que estén totalmente ligados a la enmienda que criminaliza a los indocumentados, sin embargo, cientos continúan siendo deportados cada día en ese estado y el daño económico es inminente, coincidieron autoridades y especialistas.
Mientras, ayer se informó que los primeros 30 soldados de la Guardia Nacional llegaron a la frontera de Arizona y poco a poco se irán sumando más militares hasta completar los 522 asignados a la zona.
"La fundación de la ley quedó intacta y tenemos lo que necesitamos: El derecho a una simple llamada discrecional a las autoridades de inmigración. Nada a cambiado, no tenemos que mencionar los estatutos de la ley en los reportes de policía, porque simplemente colaboramos con inmigración directamente", apuntó Mark Spencer, presidente de la Asociación de Policías de Phoenix.
Spencer destacó que un promedio de 3,000 personas por año son arrestadas por policías locales y enviadas a la agencia federal de inmigración.
Carlos García, titular de la organización pro inmigrante Puente, destacó que a diferencia de otras épocas las deportaciones se están llevando a cabo ahora en localidades alejadas del ojo público de los medios.
En Yuma, frontera con México, el mismo día en que entró en efecto la ley se arrestaron a 31 personas.
"La persecución es total, sólo que ninguna agencia quiere atribuir un arresto a la SB1070 por temor a una demanda", apuntó García.
La organización Puente ha designado inspectores en las esquinas de jornaleros y centros de trabajo para documentar cualquier detención que se realiza bajo los estándares de la controversial ley.
"A esta paz aparente puede sobrevenirle una tormenta. Creemos que las agencias de policía están preparándose con fondos económicos para enfrentar las demandas y una vez que cuenten con estos recursos van a proceder", apuntó el activista.
La Asociación de Sheriff Fronterizos de Arizona ya ha lanzado una organización sin fines de lucro para recaudar fondos privados destinados a cubrir gastos legales que genere la disputa de la llamada Ley de Arizona.
La ley que entró en vigor el pasado 29 de julio también tiene de cabeza a la industria del turismo y el comercio en general.
Pérdidas de por los menos 12 millones de dólares en contratos empresariales y convenciones canceladas son parte de las cuantiosas pérdidas que reportan Cámaras de Comercio y la Asociación de Hoteles y Moteles de la zona tras la cancelación de 40 convenciones como represalia a la implementación de la SB1070.
Para hacer frente a estos hechos, el Departamento de Turismo de Arizona invirtió 100,000 dólares en la contratación una agencia de relaciones públicas cuyo fin será combatir las reacciones negativas causada por la medida y atraer el turismo nacional, así como el de la Ciudad de México y el norte de México.
El congresista Raúl Grijalva (D-AZ), dijo que el estado perdió el 40% del impuesto sobre las ventas al por menor de México desde la introducción de la SB 1070.
Los efectos colaterales de la enmienda más estricta del país contra la inmigración indocumentada también lo sienten diversos distritos escolares como Cottonwood-Oak Creek que perdió más 200 alumnos, quienes al parecer emigraron a otros estados a consecuencia de la nueva ley.
"En estos momentos, los estudiantes deberían enfocarse en el regreso a clases en lugar de preocuparse si sus padres serán atacados porque parecen latinos. Estos jóvenes son nuestros futuros líderes, trabajadores y votantes. Permitir que crezcan en un ambiente donde se desprecia y discrimina a los latinos es prejudicial para nuestra nación", dijo Janet Murguía, presidenta y directora general del Consejo Nacional de La Raza (NCLR).
Pero la persecución que sufren los inmigrantes será ahora más intensa con la llegada de los elementos de la Guardia Nacional, quienes ayer hicieron su arribo a la frontera de Arizona, apuntaron activistas.
"Son soldados entrenados para matar los que ahora estarán patrullando la frontera", expresó Pablo Alvarado, presidente del Red Nacional de Jornaleros.
El teniente Valentín Castillo, portavoz de la Guardia Nacional en Arizona, informó que 30 soldados llegaron ayer y cada semana más tropas se integrarán a la frontera hasta completar la cantidad de 532 soldados.
Los críticos de la ley entre ellos diversos jefes policíacos insisten en que la ley es tan vaga que ninguna enmienda podría eliminar la confusión.
"Creo que la ley simplemente está mal", dijo el jefe de policía de Tucson, dijo Roberto Villaseñor.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, apelará ante la Corte Federal de Apelaciones del Circuito Nueve en California la decisión de la jueza Susan Bolton de bloquear partes de la ley. La nueva contienda legal iniciaría la primer semana de noviembre.
