MÉXICO, D.F.— "Responsabilizamos al Estado mexicano de la masacre ocurrida en Tamaulipas". Organizaciones de migrantes, madres de desaparecidos y coordinadores de refugios de expatriados resumieron en estas palabras "la rabia" que ha causado la masacre de 72 migrantes que, aseguran, pudo evitarse.
En voz de Xicoténcatl Carrasco, director del albergue Belén Posada del Migrante, en Saltillo, Coahuila, la culpabilidad apunta a la desidia, la corrupción y la falta de respeto: "Hace dos años y medio que presentamos el informe de otras muertes y torturas de migrantes y el gobierno se centró en debatir las cifras".
Video: Investigan matanza de 72 inmigrantes
La Comisión de Derechos Humanos documentó 10,000 secuestros en el primer semestre de 2008; sólo el albergue Belén documentó 15 y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades mexicanas reconocían 7.
Por su parte, diplomáticos de El Salvador, Honduras, Brasil y Ecuador intentaban ayer junto con autoridades mexicanas identificar a las 72 víctimas de la matanza perpetrada el pasado lunes en el poblado de San Fernando, Tamaulipas, al norte del país. Las embajadas hondureña y salvadoreña condenaron los hechos.
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR), y la fiscalía estatal averiguan la hipótesis sobre el hecho de que los migrantes —que se dirigían a Estados Unidos— se negaron a colaborar con la organización delictiva de Los Zetas, ex sicarios del cartel del Golfo, hoy traficantes y secuestradores.
Al cierre de esta edición, la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas reveló que se habían identificado 15 cuerpos que se encuentran en el forense de Ciudad Victoria, en el mismo estado, hasta donde viajó personal de la Cancillería y cónsules de los países agraviados a través de sus conciudadanos.
Amnistía Internacional recordó que desde el mes de abril documentó en un informe que las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, han fallado en implementar medidas eficaces para prevenir y castigar miles de secuestros, asesinatos y violaciones a migrantes en manos de bandas criminales.
"A menudo operan con la complicidad o el consentimiento de los funcionarios públicos", puntualizó.
"El Instituto Nacional de Migración y las procuradurías estatales y de la República estaban enterados de que los migrantes que no pagaban su cuota por el rescate en el secuestro los asesinan en venganza", comentó Iris Carvajal, madre de Rafael, un muchacho hondureño de 22 años secuestrado y asesinado en Coatzacoalcos, Veracruz.
Cansada de rogar al Ministerio Público estatal por el cuerpo de su hijo Rafael, la mujer regresó destrozada a Tegucigalpa, desde donde respondió al teléfono: "Me querían dar un cuerpo que estaba desfigurado y yo pedí una prueba de ADN, pero me dijeron que eso sólo existía en las telenovelas. De eso hace dos meses y sigo esperando la prueba".
En octubre de 2008 y febrero de 2009, dos caravanas de mujeres centroamericanas atravesaron la mitad del país en busca de sus hijos desaparecidos que se calculan en cientos; muchos de los cuales se cree que fueron víctimas del crimen organizado.
Sin embargo, ninguna autoridad aceptó reunirse con ellas. El sacerdote Luis Ángel Nieto, de la organización Nuestros Lazos de Sangre, recuerda:
"Personalmente solicité la entrevista con Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), y no aceptó; con Gerónimo Gutiérrez, entonces subsecretario para América del Sur, Centroamérica y el Caribe y tampoco: eran nadie, a nadie importaron".
El INM asegura por su parte que sí ha intentado erradicar el problema y que tan sólo el año pasado logró rescatar a 812 inmigrantes de 16 "casas de seguridad", pero ha sido rebasado por el crimen organizado: "Lamento mucho que no hayamos podido detectar a las 72 personas", expresó Romero en entrevista de radio.
Legisladores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron ayer la renuncia de la funcionaria.
El presidente Felipe Calderón llamó "bestias" a los asesinos y adelantó que investigaría las razones por las que se reveló la identidad del testigo protegido, que logró salvar la vida cuando el tiro de gracia dado por los Zetas se desvió a su cuello y pudo escapar para informar a soldados de la Marina, quienes rescataron los cuerpos de sus compañeros
"Ha sido un momento doloroso, pero tenemos que redoblar el esfuerzo contra el crimen", dijo Calderón.
El gobierno de Estados Unidos aseguró por su parte que "cooperará plenamente" en todo lo que pueda para ayudar a México en la investigación de la "atroz" masacre de los 72 inmigrantes indocumentados.
"Cooperaremos plenamente de cualquier manera que podamos para apoyar a México en la investigación de este atroz crimen", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley. "Estamos preparados para ayudar a México si necesita cualquier asistencia".
Con información de Antonieta Cádiz, corresponsal en Washington, D.C.
MÉXICO, D.F.— "Responsabilizamos al Estado mexicano de la masacre ocurrida en Tamaulipas". Organizaciones de migrantes, madres de desaparecidos y coordinadores de refugios de expatriados resumieron en estas palabras "la rabia" que ha causado la masacre de 72 migrantes que, aseguran, pudo evitarse.
En voz de Xicoténcatl Carrasco, director del albergue Belén Posada del Migrante, en Saltillo, Coahuila, la culpabilidad apunta a la desidia, la corrupción y la falta de respeto: "Hace dos años y medio que presentamos el informe de otras muertes y torturas de migrantes y el gobierno se centró en debatir las cifras".
Video: Investigan matanza de 72 inmigrantes
La Comisión de Derechos Humanos documentó 10,000 secuestros en el primer semestre de 2008; sólo el albergue Belén documentó 15 y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades mexicanas reconocían 7.
Por su parte, diplomáticos de El Salvador, Honduras, Brasil y Ecuador intentaban ayer junto con autoridades mexicanas identificar a las 72 víctimas de la matanza perpetrada el pasado lunes en el poblado de San Fernando, Tamaulipas, al norte del país. Las embajadas hondureña y salvadoreña condenaron los hechos.
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR), y la fiscalía estatal averiguan la hipótesis sobre el hecho de que los migrantes —que se dirigían a Estados Unidos— se negaron a colaborar con la organización delictiva de Los Zetas, ex sicarios del cartel del Golfo, hoy traficantes y secuestradores.
Al cierre de esta edición, la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas reveló que se habían identificado 15 cuerpos que se encuentran en el forense de Ciudad Victoria, en el mismo estado, hasta donde viajó personal de la Cancillería y cónsules de los países agraviados a través de sus conciudadanos.
