PHOENIX, Arizona.— A escasas 11 horas de que entrara en efecto la ley de inmigración SB1070, la jueza federal Susan Bolton ordenó ayer el bloqueo de las cláusulas más polémicas de esta normativa que convierte en delito ser inmigrante indocumentado.
Bolton suspendió la facultad que otorgaba la ley a los policías locales y estatales para que pudieran comprobar el estatus migratorio de una persona durante paradas de tráfico o detenciones.
Vea el especial: Ley SB1070
Asimismo, detuvo la cláusula que convierte en delito el hecho de que los inmigrantes indocumentados soliciten trabajo en lugares públicos y la disposición que obligaba a todos los residentes extranjeros a llevar consigo documentos que certifiquen su estatus migratorio en el país.
La jueza justificó su decisión con base en el argumento de que estas medidas supondrían una carga injusta para los inmigrantes con documentos legales.
"Existe una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley. Arizona impondría una carga extraordinaria e inusual sobre los inmigrantes ilegales que sólo el gobierno federal tiene autoridad para imponer", declaró el dictamen de la jueza.
El fallo fue calificado por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, como "una piedra en el camino" y prometió que apelará lo antes posible la decisión de la juez.
"Será una lucha legal larga, pero Arizona prevalecerá en su derecho de proteger a nuestros ciudadanos. El gobierno federal logró hoy sólo un alivio para no hacer su trabajo", apuntó.
Sin embargo, frente al Capitolio de Arizona la imagen fue de fiesta y celebración. Decenas de inmigrantes con lágrimas en los ojos festejaron la resolución de la juez.
"A todos esos que nos odian nomás por nuestro color, que Dios los perdone. Por esta ley mi familia se separó, yo fui la única de mi familia que decidió quedarse. Toda mi familia, como 15, se fueron para Colorado porque tenían miedo, y yo no lo hice por mis hijos. Para mí esa juez es una bendición", comentó la inmigrante Consuelo Quesada.
Desde la aprobación de la ley, Consuelo cargaba consigo en todo momento los documentos de doble ciudadanía de sus hijos por miedo a no poder llevárselos con ella en caso de que la deportaran.
Pero a menos de 30 minutos del recinto de la jueza Bolton, el controversial sheriff del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, dijo a los medios que continuará con las redadas sin importar la decisión tomada por la juez.
"Nosotros no esperamos, nosotros actuamos. Existe una nueva ley y la vamos a hacer cumplir", expresó.
Salvo los polémicos segmentos revocados, la SB1070 entró en vigor a las 12:01 a.m. como estaba previsto, además de que la enmienda aún penaliza y castiga a quienes transporten indocumentados en sus vehículos. Con base en esto, los jornaleros continúan siendo uno de los sectores laborales más afectados.
Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros, destacó que el bloqueo parcial y temporal de la ley es positiva "pero de ninguna manera una victoria".
Por su parte, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA), dijo que "la decisión preliminar que ha emitido la jueza Bolton es una victoria parcial pero significativa. La orden refuerza el argumento que hemos estado haciendo de que esta ley es anticonstitucional".
Sin embargo, en opinión de David González, director del distrito de Arizona de los US Marshall y titular de la seguridad de la jueza Bolton, las cláusulas obstruidas ponen una gran presión sobre los cuerpos de seguridad, que esperan posibles enfrentamientos entre grupos a favor y en contra de la SB1070.
"Tenemos una situación muy volátil. Cuando una decisión como ésta se lleva a cabo, la comunidad queda muy dividida y estamos preparados para cualquier incidente que surja", apuntó.
La batalla legal por la ley continuará ahora en el sistema judicial ante el Tribunal Supremo y se espera que termine en los próximos años.
El procurador General de Arizona, Terry Goddard, celebró la decisión jurídica y pidió a la comunidad indocumentada que no abandone el estado y tenga fe en que las autoridades pelearán por el bien de todos los residentes del estado.
De hecho, el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, hizo hincapié por su parte en que la SB1070 pasará años en los tribunales. Para él, "es igual de importante sanar nuestro estado y el daño causado a la fr[agil recuperación económica de Arizona".
Al otro lado de la frontera, el gobierno de México expresó su reconocimiento a la determinación mostrada por el de Estados Unidos y las acciones de las organizaciones civiles que entablaron las siete demandas contra la Ley SB1070.
Sin embargo, las dos principales fuerzas de policía en el estado Phoenix y Tucson, encabezados por jefes que se oponen a la ley, afirmaron que ahora enfrentan de último minuto cambios difíciles para empezar a cumplir la nueva ley.
Hannah August, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que el tribunal emitió un fallo acertado cuando impidió que entren en vigor disposiciones clave de la SB1070.
"Aunque comprendemos la frustración de los residentes de Arizona con el sistema quebrado de inmigración, una serie de medidas incongruentes a nivel estatal y local trastornarían seriamente los esfuerzos federales de velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración y, a fin de cuentas, sería contraproducente", expresó.
PHOENIX, Arizona.— A escasas 11 horas de que entrara en efecto la ley de inmigración SB1070, la jueza federal Susan Bolton ordenó ayer el bloqueo de las cláusulas más polémicas de esta normativa que convierte en delito ser inmigrante indocumentado.
Bolton suspendió la facultad que otorgaba la ley a los policías locales y estatales para que pudieran comprobar el estatus migratorio de una persona durante paradas de tráfico o detenciones.
Vea el especial: Ley SB1070
Asimismo, detuvo la cláusula que convierte en delito el hecho de que los inmigrantes indocumentados soliciten trabajo en lugares públicos y la disposición que obligaba a todos los residentes extranjeros a llevar consigo documentos que certifiquen su estatus migratorio en el país.
La jueza justificó su decisión con base en el argumento de que estas medidas supondrían una carga injusta para los inmigrantes con documentos legales.
"Existe una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley. Arizona impondría una carga extraordinaria e inusual sobre los inmigrantes ilegales que sólo el gobierno federal tiene autoridad para imponer", declaró el dictamen de la jueza.
El fallo fue calificado por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, como "una piedra en el camino" y prometió que apelará lo antes posible la decisión de la juez.
"Será una lucha legal larga, pero Arizona prevalecerá en su derecho de proteger a nuestros ciudadanos. El gobierno federal logró hoy sólo un alivio para no hacer su trabajo", apuntó.
Sin embargo, frente al Capitolio de Arizona la imagen fue de fiesta y celebración. Decenas de inmigrantes con lágrimas en los ojos festejaron la resolución de la juez.
