PHOENIX, Arizona.— Ni bien entre en efecto mañana la ley estatal SB1070, que criminaliza la inmigración indocumentada en Arizona, el controversial sheriff Joe Arpaio, del condado Maricopa, planea un operativo para arrestar a inmigrantes. Pero no todas las agencias policiacas impondrán la nueva norma migratoria como su prioridad.
A pocas horas de que entre en vigor la medida —dependiendo de la decisión de la jueza federal Susan Bolton—, las distintas fuerzas de la ley en Arizona entrenan a sus policías sobre cómo implementarla, en algunos casos con hermetismo.
Vea el especial: Ley SB1070
En efecto, más allá de su apoyo u oposición a la nueva ley, varias autoridades policiacas aseguran que no cambiará demasiado su proceder y otras que se trata de un tema complejo que dependerá de cada detención y arresto.
"Espero que no entre en vigor, pero si entra en vigor, estamos preparados para aceptarla", dijo el sheriff Tony Estrada, del condado de Santa Cruz en la frontera con México. "La vamos a aplicar cuando llegué la ocasión, pero no vamos a hacer nada de operativos especiales ni agregar personal adicional para esto".
Estrada dijo que cuando sus agentes encuentren a inmigrantes indocumentados, llamarán a la Patrulla Fronteriza como siempre lo han hecho.
Larry Rodríguez, el jefe de policía de Tolleson, una ciudad de menos de cinco mil habitantes adjunta a Phoenix, dijo que su política será cuestionar a las personas detenidas por algún delito y si hay sospecha de que están aquí ilegalmente.
De ser ese el caso, los agentes contactarán telefónicamente a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para verificar su estatus en el país; dependiendo de la situación, pueden ir a la cárcel por cargos de estar ilegalmente en Arizona, dijo.
Tommy Thompson, el vocero del Departamento de Policía de Phoenix, fue hermético a la hora de proveer detalles sobre cómo se implementará la nueva ley por el departamento de policía más grande del estado, y sólo dijo que los entrenamientos ya habían iniciado de forma obligatoria. Pero que no proveerían detalles sobre su implementación antes de que entre en efecto.
"Es lo que ya hemos estado haciendo durante los últimos tres años", dijo el sheriff Joe Arpaio, quien inauguró la semana pasada una sección especial en Tent City, una cárcel a la intemperie para encarcelar a los inmigrantes con base en la nueva ley.
La Oficina del Sheriff del Condado Maricopa enfrenta una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) por acusaciones de hacer uso de perfiles raciales durante sus operativos para arrestar inmigrantes en vecindarios latinos.
Varias organizaciones defensoras de los derechos civiles que han presentado demandas contra la ley, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Fondo México-Americano para la Defensa y Educación (MALDEF), temen que esto pueda volver a suceder.
La nueva ley SB 1070 no sólo permite que la policía contacte a las autoridades de inmigración, sino que convierte en un delito estatal el estar ilegalmente en el estado, por lo cual una persona puede ser encarcelada.
Encausar a un individuo a partir de esta ley por no tener documentos no será fácil. El procurador del condado Maricopa, Rick Romley, dijo que deberán presentarse fuertes evidencias para comprobar que la persona está ilegalmente en el país.
La sola confesión de que son indocumentados no será suficiente para presentar un caso ante las cortes desde el punto de vista legal. Una vez que alguien ingresa a las cárceles del estado, las autoridades tienen 48 horas para imponerle cargos formales, o de lo contrario deben dejarlos en libertad, dijo Romley.
Las discusiones en la corte sobre la constitucionalidad de la SB 1070 y las mismas preguntas de la jueza Bolton que deberá decidir si anula ciertas partes de esta ley revelan que se trata de un tema complejo.
El texto de la SB 1070 dice que una persona puede ser detenida hasta que compruebe que está legalmente en el país, pero no indica por cuánto tiempo. Bolton cuestionó la constitucionalidad de ese aspecto durante una audiencia.
Los abogados de la defensa argumentaron que eso se puede determinar fácilmente llamando a las autoridades de ICE por teléfono y que no se tardaría más que unos 15 minutos. Pero el gobierno federal dijo ante la jueza que ese tipo de llamadas serían una carga pesada para el sistema.
Otra pregunta clave es de qué forma la policía manejará los casos de víctimas o personas que reporten crímenes con las autoridades.
"La SB1070 sólo impacta a la gente que es arrestada. Lo que hace un agente cuando encuentra a una víctima que no está bajo arresto queda a discreción de ese oficial", dijo Lyle Mann, director ejecutivo de la Junta de Agentes de Paz para Estándares y Entrenamiento (Arizona Peace Officer Standard and Training Board), también conocida como AZ POST. La organización creó un video educativo por orden ejecutiva de la gobernadora para entrenar a los policías sobre la nueva ley.
"Si un policía decide acercarse a una persona y tener una conversación con su consentimiento, ¿puede preguntarle cualquier cosa? La realidad es que legalmente sí puede", agregó.
Varias autoridades policiacas coinciden en que eso quedará a criterio de cada agente y que la mayoría optará por investigar un delito en vez de obstaculizar la investigación al interrogar a las víctimas.
"No hay motivo por el que nosotros le preguntemos a una persona sobre su estatus migratorio si es la víctima de un crimen o un testigo", dijo el jefe Rodríguez, de la Policía de Tolleson.
Aun así, muchas autoridades en las fuerzas de la ley reconocen que la SB1070 ya está ocasionando un daño inevitable entre las autoridades y las comunidades que patrullan a la hora de que reporten delitos.
"Ya se está dañando [el trato con la policía]. Eso ya está pasando", dijo el sheriff Estrada. "Nosotros vamos a tratar de aplicar esta ley de la forma más legal y humana posible; con eso vamos a tener una relación de confianza", concluyó.
En última instancia queda por verse cómo las autoridades de ICE responderán a las llamadas de la policías local, y es en sus manos donde descansa gran parte del impacto que la ley podría tener en materia de deportaciones.
En una declaración escrita difundida por el vocero Vinnie Picard, las autoridades dicen que continuarán dándole prioridad a la detención de personas que cometieron delitos graves.
También menciona que ICE lleva años cooperando con las policías locales.
El resultado de una demanda presentada por el Departamento de Justicia federal será el que determine "el siguiente pasó a seguir del gobierno", según las declaraciones.
PHOENIX, Arizona.— Ni bien entre en efecto mañana la ley estatal SB1070, que criminaliza la inmigración indocumentada en Arizona, el controversial sheriff Joe Arpaio, del condado Maricopa, planea un operativo para arrestar a inmigrantes. Pero no todas las agencias policiacas impondrán la nueva norma migratoria como su prioridad.
A pocas horas de que entre en vigor la medida —dependiendo de la decisión de la jueza federal Susan Bolton—, las distintas fuerzas de la ley en Arizona entrenan a sus policías sobre cómo implementarla, en algunos casos con hermetismo.
Vea el especial: Ley SB1070
En efecto, más allá de su apoyo u oposición a la nueva ley, varias autoridades policiacas aseguran que no cambiará demasiado su proceder y otras que se trata de un tema complejo que dependerá de cada detención y arresto.
"Espero que no entre en vigor, pero si entra en vigor, estamos preparados para aceptarla", dijo el sheriff Tony Estrada, del condado de Santa Cruz en la frontera con México. "La vamos a aplicar cuando llegué la ocasión, pero no vamos a hacer nada de operativos especiales ni agregar personal adicional para esto".
Estrada dijo que cuando sus agentes encuentren a inmigrantes indocumentados, llamarán a la Patrulla Fronteriza como siempre lo han hecho.
Larry Rodríguez, el jefe de policía de Tolleson, una ciudad de menos de cinco mil habitantes adjunta a Phoenix, dijo que su política será cuestionar a las personas detenidas por algún delito y si hay sospecha de que están aquí ilegalmente.
De ser ese el caso, los agentes contactarán telefónicamente a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para verificar su estatus en el país; dependiendo de la situación, pueden ir a la cárcel por cargos de estar ilegalmente en Arizona, dijo.
