PHOENIX, Arizona.— Amparo De Paredes llena una cubeta gigantesca con botellas de agua mientras un racimo de niñas corretea por toda la casa jugando con dos cachorritos que adoptó.
No son sus hijas, pero estos días las siente como propias, especialmente desde que sus madres fueron arrestadas durante dos redadas el 12 de junio por agentes del Departamento del Sheriff del Condado Maricopa, en una cadena de restaurantes conocida como Sizzler.
"Yo no tengo hijos, pero me toca el corazón de ver lo que está pasando", dice Amparo, una inmigrante guatemalteca de 52 años de edad.
Mientras cientos de familias inmigrantes dejan el estado a sólo unos días de que entre en efecto la nueva ley SB1070 que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, los que se quedaron viven una situación de incertidumbre y resistencia.
"Esto va a seguir, si la ley entra en vigor o no. Va a haber más delincuencia. Yo no puedo llamar a la policía; si llamo a la policía, el perjudicado voy a ser yo, y no el que entró a robar", dice Omar González, el papá de cuatro de las niñas, oriundo del Departamento de Retalhuleu, en Guatemala.
Blanca, su esposa, quería quedarse hasta el último momento, esperar hasta el 29 de julio, fecha en que la nueva ley migratoria puede entrar en vigor. De lo contrario, el plan era mudarse para Los Ángeles, California. Temían ser detenidos en las calles, pero jamás esperaban que ella fuese arrestada en pleno horario de trabajo, después de laborar 10 años en ese restaurante.
"Es inútil, es estúpido lo que están haciendo ellos, porque no están protegiendo a la ciudad sacando a la gente trabajadora de sus trabajos", dice González, de 40 años."Protegerían al país si agarraran a los que andan vendiendo drogas en la calles".
González responsabiliza al gobierno de Barack Obama de lo que está pasando en Arizona.
"Cuántos años lleva el morenito de presidente y ha habido más deportaciones que cuando estaba Bush. ¿Qué está haciendo él? Nada.Cuando hacer una reforma migratoria era importante. No, él se tiró a hacer la reforma de salud".
La casa de Amparo se ha convertido en un punto de encuentro vecinal, y esta tarde docenas de personas llegan a pie para una reunión del movimiento PUENTE, donde se les educará sobre sus derechos civiles.
"¿Cuántos de aquí son ilegales?", pregunta Alma Mendoza, una inmigrante mexicana que encabeza los grupos barriales en la zona.
Tímidamente algunos levantan la mano.
"¿Cuántos son inmigrantes?", agrega. Otros responden. A lo que Mendoza les dice: "Nosotros no somos ilegales, no somos indocumentados. Somos seres humanos".
Mendoza le recuerda a los invitados que el próximo 29 de julio están llamando a todo el mundo a que no trabaje, no compre y no salga a la calle. El movimiento PUENTE ya tiene planeadas varias vigilias y se esperan también actos de desobediencia civil si una jueza permite que la ley entre en efecto.
Mientras tanto, Amparo y su esposo José de Jesús pasan botellitas de agua a los invitados mientras el sol de la tarde arizonense todavía quema.
"Nos queremos unir para que quiten a la policía de aquí. Mucha gente tiene miedo", dice Amparo. Hace unos meses se abrió una nueva comisaría la Policía de Phoenix cerca de la iglesia y el parque. Eso, en vez de darles seguridad, los atemoriza debido a la nueva ley.
Omar se queja: en los últimos meses el mismo policía lo detuvo tres veces y confiscó su vehículo en cada ocasión.
Las reuniones vecinales ayudan a que no se sientan desamparados. Han llegado a visitarlos personas de todas partes del país que quieren ayudar.
Sin embargo, Omar siente que es un arma de doble filo.
"Entre más unidos estemos es mejor. Pero, a la vez, entre más unidos estemos, más nos estamos dando a conocer ante las leyes que hay", dice el guatemalteco.
Después de que el gobierno federal y una coalición de derechos civiles presentara argumentos para anular partes de la ley, todos apuestan a que la jueza Susan Bolton imponga una moratoria, cuando menos sobre algunos aspectos de la SB 1070.
Pero con la ley o sin ella, la persecución de los inmigrantes sin documentos en Arizona puede continuar a manos del sheriff Joe Arpaio, quien ha dicho que planea realizar una redada para el 29 de julio. El controversial alguacil, que a su vez enfrenta una investigación por el uso de la práctica del perfil racial durante sus operativos, inauguró también una sección especial en la denominada Tent City (Ciudad de las carpas), donde encarcelará a la intemperie a los inmigrantes indocumentados que detenga.
"Esta ley todavía no entró en efecto y la comunidad ya está siendo desvastada", opina Luis Fernández, integrante de la coalición Repeal Coalition. Durante casi un año y medio el grupo ha organizado a las comunidades inmigrantes a nivel de barrios. También los ayuda visitando a sus familiares detenidos en las cárceles, consiguiéndoles abogados o acompañándolos a las cortes.
"Desafortunadamente la necesidad es gigantesca, lo que hacemos es una gota de agua en el océano", dice. "La atmósfera está tremendamente polarizada en Arizona, y eso ya se está expandiendo a nivel nacional. Supongo que esto que vivimos aquí se va a sentir en otras partes, especialmente en noviembre [durante las elecciones]".
