WASHINGTON, D.C.— Para el lunes se espera el anuncio de los cargos criminales que serán imputados, al menos, a dos trabajadores del Departamento de Servicios Laborales de Utah, quienes supuestamente filtraron información personal de 1,300 inmigrantes para que fueran deportados.
Así lo anunció ayer el gobernador del estado, Gary Herbert, quien desde principios de esta semana encomendó una investigación para encontrar a los culpables, luego que la lista fuera difundida a medios de comunicación locales, junto a oficinas del Sheriff en Utah.
Los dos individuos, que ahora están con suspensión administrativa, podrían enfrentar cargos que van desde delito menor, penado con seis meses de cárcel y multas de hasta mil dólares, de acuerdo con lo explicado por Herbert.
El fiscal general de Utah, Mark L. Shurtleff, aseguró también que dependiendo de lo que arrojen futuras investigaciones, se determinará si los crímenes son más serios, donde incluso podrían llegar a la clasificación de felonía.
"Cuando existen datos personales tan específicos, eso sugiere que es algo que va más allá de información limitada al ámbito laboral", comentó a La Opinión.
Aún no está claro si existe una organización detrás de la misiva, que acompañó la información, de 29 páginas. Pero el documento estaba firmado por "Ciudadanos Preocupados de Estados Unidos".
Tony Yapias, director de Proyecto Latino en Utah, es uno de los que tiene la lista y a quien muchas personas han llamado atemorizadas para confirmar si sus nombres están o no en el papel.
"El lenguaje que aparecía en la carta es muy similar al que usualmente usan grupos anti- inmigrantes y eso nos hace pensar que están detrás de todo esto, que han sido capaces de infiltrarse con trabajadores del estado", dijo a La Opinión.
"Las personas me llaman, están asustadas. Recién me habló una señora que dijo no estar durmiendo en su casa. Hago un llamado para que las personas se calmen. Hasta el momento no hemos tenido ningún reporte de alguien, en la lista, que haya sido perseguido. Todo va a estar bien, es importante que se continúe con la vida normal", enfatizó.
Shurtleff dijo ayer que el estado no está investigando a los individuos incluidos en la lista. "Quiero dejar esto muy claro. No se les está investigando y no lo haremos. Alguna gente la llama ‘lista negra’, pero yo la llamo una ‘hit list’, como esas que usaron los nazis durante la segunda Guerra Mundial", dijo.
Según explicó Yapias, la información incluida en el documento fue obtenida en una base de datos recolectados cuando las familias aplican para Medicaid, donde hay datos tan personales —en algunos casos—, como dirección, teléfono, números de seguro social y las fechas de parto de mujeres embarazadas.
Shurtleff resaltó que cuando la oficina del gobernador tenga toda la información, eso pasará a su jurisdicción, probablemente el lunes, donde comenzarán una "investigación formal agresiva".
"Es posible que lo hagamos en conjunto con la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos, porque probablemente se violaron leyes estatales y federales", explicó.
Por otra parte, consultada por La Opinión, la senadora del estado de Utah, Luz Robles, enfatizó que se revisará la legislación actual, en relación con derechos de privacidad y protección de información.
"Evaluaremos el estatuto, así como las protecciones internas con las que cuentan los departamentos involucrados. Te garantizo que habrá una investigación extensa en esto", dijo.
Otro de los puntos preocupantes, en este caso, es que el Servicio de Control Inmigración y Aduanas de Salt Lake City habría recibido la misma lista en abril pasado y supuestamente no habría hecho nada con ella, según han reportado medios estadounidenses.
Hasta el cierre de esta edición esta entidad no dio una respuesta a La Opinión respecto a qué se hizo a nivel interno con esta información. La pregunta clave parece ser ¿por qué no se comenzó una investigación de inmediato? Considerando los derechos de privacidad involucrados.
