WASHINGTON, D.C.— La Corte Suprema anunció ayer que revisará el caso ‘Cámara de Comercio versus Criss Candelaria’, donde se examina la ley de trabajadores de Arizona, titulada Legal Arizona Workers Act (LAWA).
Esta iniciativa penaliza a los negocios que contraten inmigrantes indocumentados con conocimiento y les exige a las empresas verificar la situación de empleo de sus trabajadores. La entonces gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, actual secretaria del Departamento de Seguridad Interna, firmó la ley.
En septiembre del 2008 la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió un fallo respaldando la legislación.
"Este caso es un desafío a una ley estatal de Arizona y enfocada en la inmigración ilegal, lo que refleja la frustración creciente con el Congreso de Estados Unidos para realizar una reforma migratoria integral", dice la decisión.
En el documento presentado a la Corte Suprema por los demandantes, entre los que figura la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ACLU, MALDEF y el Centro Legal de Inmigración Nacional, entre otros, se cuestiona la ley y las sanciones a empleadores entre las que figura la suspensión o revocación de sus licencias comerciales.
El pasado 28 de mayo, la oficina de la Procuraduría General, presentó documentos en apoyo a la demanda, luego que la Corte Suprema enviara una carta el año pasado en que se le pidió a esta oficina que delineara las perspectivas de la Administración en relación a las leyes de inmigración creadas por los estados.
El anuncio del Tribunal Supremo generó expectativas en las organizaciones involucradas.
"La ley de Arizona aplica sanciones generales, lo que significa que todos los empleadores públicos y privados deben usar E-Verify. El gobierno federal estableció este sistema de verificación como voluntario y experimental. Los estudios han demostrado que el programa no es infalible y se cometen errores en bases de datos defectuosas", explicó Vivek Malhotra, de ACLU.
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