Tres de las organizaciones legales más importantes del país vinculadas con derechos civiles y de inmigrantes unirán esfuerzos para presentar una demanda contra la Ley SB 1070 de Arizona, creando así un frente legal común cuyo objetivo es detener dicho ordenamiento legal antes de que entre en vigor.
La demanda está siendo finalizada por los abogados de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU), la Fundación Mexicoamericana para la Defensa Legal y Educación (MALDEF) y el Centro Legal Nacional de Inmigración (NILC), quienes sostuvieron ayer en la tarde una reunión estratégica al respecto.
Según fuentes de los grupos, la demanda sería formalmente presentada a principios de la próxima semana.
"Estamos preparando un reto legal de alto nivel y con toda la fuerza posible. Lo que buscamos evitar es que esta ley anticonstitucional y discriminatoria entre en vigencia", dijo el presidente de MALDEF, Thom Sáenz.
Entretanto, las dos senadoras de California, Dianne Feinstein y Barbara Boxer, enviaron ayer una carta al Procurador General de la Nación, Eric Holder, expresando su apoyo por la "revisión" que el Departamento de Justicia está haciendo respecto a la ley de Arizona. Las senadoras se refieren a la legislación como "polarizante y nociva".
"Creemos que la autoridad de preguntar el estatus migratorio de una persona con base en una ‘sospecha razonable’ —como dice la ley— genera cuestionamientos constitucionales y podría tener consecuencias inesperadas, como delitos que no se reportan, aumento en la delincuencia y una mayor carga de trabajo y costos para los departamentos de policía".
La revisión del Departamento de Justicia estaría centrada en la posibilidad de que la medida de Arizona dé paso a violaciones de los derechos civiles. La misma oficina de derechos civiles lleva más de un año investigando similares posibles violaciones de parte del Sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, y aún no ha emitido conclusión alguna.
Por su parte, los abogados indicaron que las demandas se basarán en varios principios legales establecidos y ya litigados y decididos con anterioridad por la Suprema Corte: la supremacía del gobierno federal en el establecimiento de políticas migratorias, el derecho a la protección igualitaria bajo la ley y la protección constitucional frente a detenciones o cateos injustos, según explicaron los abogados.
Entretanto, éstos y otros expertos legales están preocupados por el alcance de esta ley que, en la práctica, no afectaría solamente a los inmigrantes "bajo sospecha" de ser indocumentados, sino a quienes los transporten, estén cerca de ellos, les den trabajo, los monten en sus vehículos y cometan cualquiera de las otras fallas incluidas en el texto de la ley.
La ley incluye varios segmentos que detallan cómo personas que transportan, levantan o incluso "estimulan" la presencia de un inmigrante indocumentado pueden ser detenidas, acusadas, sus vehículos confiscados, etc.
La gran discusión nacional en torno a la ley ha enfrentado a quienes argumentan que la cláusula que establece "un contacto legal" entre policía y cualquier persona, que requiere o permite a ese policía revisar el estatus migratorio del individuo, daría paso al uso del perfil racial y quienes afirman que no sería así.
Peter Berlin, abogado defensor en Los Ángeles, indica que técnicamente la ley de Arizona tiene un lenguaje tan vago que ofrece numerosas oportunidades a los policías para pedir papeles una vez que entran en contacto con cualquier persona, por cualquier razón.
"Me temo que donde haya policías con la intención de arrestar a la mayor cantidad de personas posibles, veremos muchas razones de ‘sospecha razonable’ y de ‘contacto legal’.Por ejemplo, alguien que cruza la calle por un lugar prohibido puede ser detenido y que se le pidan sus papeles. Hace años, antes que los tribunales lo detuvieran, había policías que separaban frente a los bares para buscar cualquier falla en las personas que salían o ver si se montaban en vehículos. Lo mismo podría ocurrir aquí", dijo Berlin.
La ley establece numerosas nuevas violaciones como "entrar a un vehículo detenido para ser contratado por el ocupante o transportado a trabajar en otro lugar; pedir trabajo en un lugar público; solicitar con un gesto o asentir de manera que pudiera indicar, a una persona razonable, que éste busca ser empleado; transportar o mover a un extranjero sabiendo que esta persona es indocumentada, e incluso inducir a un extranjero a que venga ilegalmente a este estado".
Todos estos son posibles nuevos delitos bajo esta ley y podrían llevar a diferentes penas como cárcel, confiscación del vehículo y, por supuesto, revisión de papeles de la persona en cuestión.
Pero hay quienes argumentan que las autoridades de Arizona estarán preparadas para aplicar la medida respetando los derechos civiles. Un documento publicado ayer por el Centro de Estudios de Inmigración, un grupo conservador en Washington, señaló que al firmar la ley "la gobernadora también emitió una orden ejecutiva requiriendo que la Junta de Estándares policiales de ese estado proporcione a los policías el entrenamiento necesario y la información sobre lo que puede o no puede ser una sospecha razonable".
No obstante, hay señales de que la discusión está dando paso a ideas extremas que, aunque tienen poca posibilidad de llevarse a cabo, también ayudarán a crear un ambiente de temor. Por ejemplo, el congresista Duncan Hunter, de California, dijo en una reunión pública que favorecía deportar a ciudadanos hijos de indocumentados, lo que sería anticonstitucional, pues ningún ciudadano puede ser deportado.
En Iowa, un candidato al Congreso, Pat Bertroche, dijo que favorecería "poner un microchip" en los indocumentados, como los que ponen a los perros para que no se pierdan.
En Costa Mesa, el alcalde Alan Mansoor, quien está candidateándose para la Asamblea estatal, propuso hacer en esa ciudad algo similar a lo de Arizona, mientras que en Alabama,un candidato a gobernador dijo que si gana, "en mi estado no se harán exámenes de manejo en idiomas que no sean inglés, ya que en Alabama hablamos inglés".
