WASHINGTON, D.C.— "Nada está escrito aún", dicen varias fuentes involucradas en el proceso. Sin embargo, en caso de concretarse un proyecto de ley de inmigración en el Senado hoy, éste incluiría multas considerablemente menores, no requeriría la salida del país (touchback) y los indocumentados que no tengan antecedentes criminales obtendrían su legalización.
Desde junio pasado el presidente del Subcomité de Inmigración del Senado, Chuck Schumer (D-NY), anunció públicamente su compromiso con mover la legislación en torno a la reforma migratoria en la Cámara Alta.
En julio pasado, el senador delineó los pilares generales de la propuesta, que son: "Control operativo de la frontera a un año de que se haya promulgado la ley; implementar un sistema biométrico de verificación de identidad; que todos los indocumentados se registren para iniciar su proceso de regularización o se vayan del país; incentivar la reunificación familiar en el contexto de inmigración legal; promover la captación del talento extranjero al país y crear un sistema que regule el flujo futuro de inmigrantes de manera eficiente".
Schumer ha trabajado por más de un año con el republicano Lindsey Graham (R-SC) para obtener un proyecto de ley bipartidista que pueda sobrevivir en el Senado y no experimentar el destino de sus antecesores. Sin embargo, los avances de estas negociaciones se han mantenido en estricta reserva.
Hasta el momento el legislador ha hablado con diversas partes interesadas, como lo confirmó el senador Robert Menéndez (D-NJ) esta semana, consultado por La Opinión. En la mesa han pasado sindicatos, negocios, grupos religiosos, activistas, congresistas, etc.
Fuentes vinculadas con el proceso confirmaron a La Opinión que en el área específica de legalización, la propuesta que se ha discutido hasta el momento tendría "multas considerablemente más bajas" en comparación con el proyecto McCain-Kennedy.
En este sentido, los indocumentados tendrían que pagar el costo del procesamiento de su aplicación, lo que se espera sea 500 dólares por inmigrante.
"No habrá touchback" (autodeportación), que era la provisión que en el proyecto anterior requería que los inmigrantes salieran del país para obtener su legalización. Además, los 600 mil individuos que actualmente tienen órdenes de remoción —los que no fueron incluidos en el proyecto McCain-Kennedy—, "serían legalizados a menos que sean criminales", de acuerdo con fuentes involucradas en el proceso.
En este escenario, para legalizarse la persona tendría que registrarse, darle sus huellas digitales al gobierno, las que serían revisadas para ver si los individuos tienen antecedentes penales. Si no los poseen, obtendrían una tarjeta de seguro social biométrica, que les permitiría trabajar.
Los individuos , a su vez, deberán demostrar que tienen un trabajo. "No se permitirá que la gente que no tiene un empleo se legalice, a menos que sea la esposa o el hijo de alguien que tenga trabajo. Pero si la familia entera no lo tiene, entonces no podrán obtener sus papeles".
Para ejecutar esto, se le dará una ventana a las empresas para declarar a los trabajadores, sin ser penalizados por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Los indocumentados recibirían un Lawful Prospective Immigrant Status (Estatus Prospectivo de Inmigrante Legal) y eso sólo se traduciría en una residencia, una vez que toda persona que en la actualidad tiene una petición de inmigración familiar haya obtenido su residencia.
Durante todos estos meses de negociaciones, ha existido una gran preocupación en las diferentes partes asociadas a este tema, por los problemas que el área de legalización de 12 millones de personas ha implicado en el país. Sobre todo considerando las tendencias que se han dado en el pasado y la forma en que los inmigrantes han sido considerados y catalogados.
En este contexto, en paralelo a las negociaciones del Senado, diversos grupos se han esforzado por mostrar con números la importancia de no caer en errores históricos y las tendencias que más influyen hoy en la población estadounidense.
Es así como a las oficinas del Senado llegaron los resultados de una encuesta, a la que tuvo acceso La Opinión, realizada por Benenson Strategy Group, entre el 19 y 20 de diciembre de 2009, a 800 posibles votantes en las elecciones legislativas de noviembre de 2010.
En el estudio se comparan las tendencias del público ante dos alternativas: declararse culpable de un crimen versus un recargo tributario por un lapso de cinco años, cuyos recursos se destinarían al fondo de seguridad social.
Los resultados de la encuesta indicaron que "por un margen de más del 60%, los votantes apoyan una propuesta de reforma de inmigración que requiera a los inmigrantes ilegales inscribirse, cumplir con condiciones como pasar una verificación de antecedentes, estudiar inglés y pagar un recargo del 5% en sus impuestos sobre la renta durante cinco años (80% lo apoyó, 19% se opuso y 52% lo apoyó firmemente)".
"En comparación, la misma propuesta con el requisito de que los inmigrantes ilegales se declaren culpables de un crimen por estar en Estados Unidos ilegalmente, tiene 26% de sustento neto (62% lo apoyó, el 36% se opuso y un 24% lo apoyó firmemente)", dice el documento, que fue presentado en un formato de memorando a algunos legisladores de la Cámara Alta.
Fuentes cercanas a las negociaciones aseguraron que la opción de declarase culpable de un delito para obtener la legalización en un proyecto de ley de reforma migratoria no está dentro de las opciones consideradas en la actualidad.
