MÉXICO, D.F.— "Ni a Felipe Calderón, ni a ninguno que lo acompaña, le han matado a una hija o desaparecido un familiar sin la mínima posibilidad de justicia", dijo Malu García, quien en memoria de su hermana asesinada en 2001 se manifestó en contra de la visita del mandatario mexicano a Ciudad Juárez, tras los asesinatos de dos funcionarios estadounidenses.
"No todos somos Juárez, como él dice, al menos no el mismo Juárez, ¿por qué matan a dos gringos y viene corriendo?", se preguntaba al atender esta entrevista telefónica al tiempo que curaba las heridas de la espalda y la pierna izquierda que le dejó el tolete de policías que repelieron a decenas de protestantes.
"A mi hermana la violaron, la torturaron y la tiraron como animal y nada pasó, su expediente se integró mal, un mal peritaje, hubo una mala necroscopia y las evidencias no se enviaron al laboratorio forense… eso le pasa a la gente de Juárez, señor Presidente".
Calderón arribó ayer a la fronteriza ciudad del estado de Chihuahua, vecino de Texas, en medio del escándalo diplomático por las ejecuciones a sangre fría de tres personas relacionadas con el trabajo del consulado de Estados Unidos y por la inseguridad en la ciudad que en 2010 cuenta ya casi 500 ejecuciones (123 en lo que va de marzo, según la prensa local); 2650 el año pasado.
"El consumo de drogas de Estados Unidos y las armas que desde ese país ingresan a México… son parte del problema y tenemos que trabajar cada quien en su territorio y cada quien en su ámbito de competencia", retó en un acto público.
Por lo pronto, desde el Senado mexicano solicitaron al Ejecutivo asumir su parte para detener dicho tráfico. "México debe poner a trabajar a las adunas nacionales que están siendo una coladera de armas", dijo el legislador Manlio Fabio Beltrones.
El consulado estadounidense en Juárez, por su parte, confirmó que reanudará sus labores este miércoles luego de un día de luto por sus colegas caídos y tras la visita a la sede del embajador Carlos Pascual, quien fue acompadado por la canciller mexicana, Patricia Espinosa.
La asociación de García y otras asociaciones de derechos humanos buscarán hacerse oir en las mesas de trabajo que integran el gobierno federal, estatal y local desde hace poco más de un mes cuando, tras la masacre de 16 estudiantes, las autoridades lanzaron el programa Todos Somos Juárez, que busca en la sociedad civil la respuesta a la violencia de la entidad.
"El problema es el Ministerio Público que no averigua nada, no comprueba nada y los pocos delincuentes que agarran los vuelven a dejar libres porque no tienen pruebas o no quieren tenerlas… eso se llama impunidad", concluyó Malu García, también activista de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
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