Antonio Villaraigosa. (FOTO: Archivo/La Opinión)
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"Como él asistió en calidad de alcalde, no parece haber nada ilegal", señaló Sherry Bebitch Jeffe, analista y profesora de política y medios de la Universidad del Sur de California (USC). "Lo que sí es una cuestión de imagen que erosiona otro poquito más la confianza pública en los políticos. No sé si fue de lo más inteligente llevarse a la novia, y también podría cuestionarse por qué ir a un viaje tan lujoso en momentos de tanta crisis para la ciudad".

David Tristán, portavoz de la Comisión de Ética de la ciudad, dijo que no haría comentarios sobre el asunto, ni sobre si habría o no una investigación. "Nunca comentamos sobre este tipo de cosas", dijo Tristán. "Sobre todo si no tenemos detalles más específicos sobre los costos y quién está pagando por cada cosa".

La ley estatal es la que regula los regalos aceptables para un funcionario público. La sección 18950.1 señala que los viajes conectados con discursos, paneles y seminarios pueden ser aceptados si están relacionados "razonablemente" con un asunto legislativo o gubernamental o con un tema estatal, nacional o internacional.

El viaje a Islandia también trae cola, ya que la oficina del alcalde se ha negado a proporcionar documentos sobre el costo del mismo, aunque se indicó que lo pagó el alcalde de su bolsillo. Se trató de una vacación de una semana a ese país tomada a principios de agosto por Villaraigosa.

Lo acompañó su hijo Antonio, pero, según reportes de prensa, también fue con ellos Richard Katz, su representante en la Autoridad Metropolitana de Transporte, y un empresario, Keith Brackpool, de la empresa Cadiz, un millonario de origen británico que tiene un proyecto de agua, cuya aprobación depende de otra entidad local, el Distrito Metropolitano de Agua.