Eileen Truax/ eileen.truax@laopinion.com
Una propuesta de ley que busca negar la ciudadanía estadounidense y restringir el acceso a servicios públicos a los hijos de inmigrantes indocumentados en California podría llegar a la boleta electoral el próximo año.
La iniciativa, denominada Ley de Protección al Contribuyente de California 2010 (CTPA-2010), argumenta que la crisis económica por la que atraviesa el estado actualmente se debe a la cantidad de dinero que se destina a brindar servicios a los hijos de los inmigrantes indocumentados; una cifra que la organización Taxpayer Revolution, promotora de la iniciativa, estima en al menos 2,000 millones de dólares.
"La propuesta no le niega a ningún niño nacido en California un acta de nacimiento; lo que hace es crear condiciones para desincentivar a los extranjeros para que vengan a California de manera ilegal con el objetivo de que sus hijos nazcan aquí", comentó Ted Hilton, presidente de Taxpayer Revolution.
De acuerdo con la propuesta de ley, los padres de cada niño nacido en California tendrían que firmar una declaración jurada estableciendo su ciudadanía o residencia permanente en el país; con ello recibirían el acta de nacimiento de su hijo.
Las madres que no puedan firmarla por no contar con estas características, deberán presentar una identificación con fotografía y se les tomarán las huellas digitales; tendrían que dar su dirección de residencia, pagar una cuota de 50 dólares y dejar una copia de la factura de los servicios médicos por el nacimiento si ésta se financió con recursos públicos.
Si uno de los padres proporciona información falsa, podría recibir una multa de 5,000 dólares, una sanción de hasta cuatro años en prisión, o ambas. Toda esta información tendría que ser puesta a disposición del Departamento de Seguridad Interna (DHS) si éste así lo dispone.
Tony Dolz, candidato al Congreso por el Distrito 30 y quien apoya la iniciativa, fue cuestionado sobre la legalidad de negar un acta de nacimiento a un ciudadano estadounidense. "El acta no lo hace ciudadano; las personas son ciudadanas aunque no tengan un acta. Pero si los padres no pueden comprobar su identidad y establecer que están en el país legalmente, no se les daría el documento".
Al ser cuestionado sobre si ésta sería una estrategia para identificar madres indocumentadas buscando su deportación, Dolz respondió afirmativamente; agregó que los recién nacidos, aun cuando fueran ciudadanos estadounidenses, tendrían que irse con sus padres, debido a la obligación jurídica de éstos de velar por sus hijos.
Dolz también explicó que con esta propuesta se eliminaría el acceso a servicios públicos gratuitos, como educación o salud para los menores de 18 años en general; de ser llevada a la boleta electoral y aprobada, la iniciativa crearía programas específicos para este propósito, a los cuales se podría acceder sólo comprobando la residencia permanente de los padres del menor en el estado.
Ángela Sanbrano, Presidenta de la Asociación Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), consideró esta medida como una estrategia política para exacerbar el sentimiento antiinmigrante en el marco de la posible discusión de una reforma migratoria.
"Ellos saben perfectamente que una propuesta de ley de esa naturaleza es inconstitucional; ya se ha comprobado anteriormente con la propuesta 187: la mayor parte del contenido de la ley recibió un fallo en contra por parte de la Corte por esa razón. No se le puede quitar la ciudadanía a una persona que nace en Estados Unidos", señaló.
Sanbrano dijo que es evidente que quienes impulsan esta propuesta buscan culpar a los inmigrantes por los problemas económicos que atraviesa el estado. Los impulsores de la ley así lo asentaron.
"Yo amo a los hijos de mis vecinos, pero si sólo tengo un pedazo de pan, se lo voy a dar primero a los míos. Eso es lo que un padre responsable haría", comentó. "En una crisis como la que está California, debemos garantizar que haya servicios para nuestros propios hijos, antes que para los hijos de los inmigrantes ilegales".
"Hace 20 años California solía ser una de la grandes potencias económicas; hoy estamos en bancarrota", agregó Hilton, mostrando uno de los pagarés que ha empezado a emitir el gobierno del estado. "Si usted está cansado de esto, súmese a nosotros".
Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición de Los Ángeles para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que las iniciativas de este tipo crean confusión y enojo en el electorado y son precisamente parte de la razón por la cual existe un déficit presupuestario.
"Culpar a los inmigrantes carece de mérito en hechos y en moralidad. Los inmigrantes aportamos de manera significativa y lo hemos hecho cuando la economía está fuerte y ahora que está anémica; nosotros no somos el problema", djio.
Los impulsores de la iniciativa de ley deberán reunir 447 mil firmas de apoyo antes de noviembre para entregarlas a la Secretaría de Estado de California. De reunirlas, la propuesta iría a la boleta electoral en junio de 2010.
Se puede encontrar más información sobre la propuesta en http://www.taxpayerrevolution.org/.
‘La propuesta no le niega a ningún niño nacido en California un acta de nacimiento; lo que hace es crear condiciones para desincentivar a los extranjeros para que vengan a California de manera ilegal con el objetivo de que sus hijos nazcan aquí’.
Ted Hilton
Presidente de Taxpayer Revolution
‘Ellos saben perfectamente que una propuesta de ley de esa naturaleza es inconstitucional; ya se ha comprobado anteriormente con la propuesta 187: la mayor parte del contenido de la ley recibió un fallo en contra por parte de la Corte por esa razón. No se le puede quitar la ciudadanía a una persona que nace en Estados Unidos’.
Ángela Sanbrano
Presidenta de la Asociación Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas
Una propuesta de ley que busca negar la ciudadanía estadounidense y restringir el acceso a servicios públicos a los hijos de inmigrantes indocumentados en California podría llegar a la boleta electoral el próximo año.
La iniciativa, denominada Ley de Protección al Contribuyente de California 2010 (CTPA-2010), argumenta que la crisis económica por la que atraviesa el estado actualmente se debe a la cantidad de dinero que se destina a brindar servicios a los hijos de los inmigrantes indocumentados; una cifra que la organización Taxpayer Revolution, promotora de la iniciativa, estima en al menos 2,000 millones de dólares.
"La propuesta no le niega a ningún niño nacido en California un acta de nacimiento; lo que hace es crear condiciones para desincentivar a los extranjeros para que vengan a California de manera ilegal con el objetivo de que sus hijos nazcan aquí", comentó Ted Hilton, presidente de Taxpayer Revolution.
De acuerdo con la propuesta de ley, los padres de cada niño nacido en California tendrían que firmar una declaración jurada estableciendo su ciudadanía o residencia permanente en el país; con ello recibirían el acta de nacimiento de su hijo.
Las madres que no puedan firmarla por no contar con estas características, deberán presentar una identificación con fotografía y se les tomarán las huellas digitales; tendrían que dar su dirección de residencia, pagar una cuota de 50 dólares y dejar una copia de la factura de los servicios médicos por el nacimiento si ésta se financió con recursos públicos.
Si uno de los padres proporciona información falsa, podría recibir una multa de 5,000 dólares, una sanción de hasta cuatro años en prisión, o ambas. Toda esta información tendría que ser puesta a disposición del Departamento de Seguridad Interna (DHS) si éste así lo dispone.
Tony Dolz, candidato al Congreso por el Distrito 30 y quien apoya la iniciativa, fue cuestionado sobre la legalidad de negar un acta de nacimiento a un ciudadano estadounidense. "El acta no lo hace ciudadano; las personas son ciudadanas aunque no tengan un acta. Pero si los padres no pueden comprobar su identidad y establecer que están en el país legalmente, no se les daría el documento".
Al ser cuestionado sobre si ésta sería una estrategia para identificar madres indocumentadas buscando su deportación, Dolz respondió afirmativamente; agregó que los recién nacidos, aun cuando fueran ciudadanos estadounidenses, tendrían que irse con sus padres, debido a la obligación jurídica de éstos de velar por sus hijos.
Dolz también explicó que con esta propuesta se eliminaría el acceso a servicios públicos gratuitos, como educación o salud para los menores de 18 años en general; de ser llevada a la boleta electoral y aprobada, la iniciativa crearía programas específicos para este propósito, a los cuales se podría acceder sólo comprobando la residencia permanente de los padres del menor en el estado.
Ángela Sanbrano, Presidenta de la Asociación Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), consideró esta medida como una estrategia política para exacerbar el sentimiento antiinmigrante en el marco de la posible discusión de una reforma migratoria.
"Ellos saben perfectamente que una propuesta de ley de esa naturaleza es inconstitucional; ya se ha comprobado anteriormente con la propuesta 187: la mayor parte del contenido de la ley recibió un fallo en contra por parte de la Corte por esa razón. No se le puede quitar la ciudadanía a una persona que nace en Estados Unidos", señaló.
Sanbrano dijo que es evidente que quienes impulsan esta propuesta buscan culpar a los inmigrantes por los problemas económicos que atraviesa el estado. Los impulsores de la ley así lo asentaron.
"Yo amo a los hijos de mis vecinos, pero si sólo tengo un pedazo de pan, se lo voy a dar primero a los míos. Eso es lo que un padre responsable haría", comentó. "En una crisis como la que está California, debemos garantizar que haya servicios para nuestros propios hijos, antes que para los hijos de los inmigrantes ilegales".
"Hace 20 años California solía ser una de la grandes potencias económicas; hoy estamos en bancarrota", agregó Hilton, mostrando uno de los pagarés que ha empezado a emitir el gobierno del estado. "Si usted está cansado de esto, súmese a nosotros".
Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición de Los Ángeles para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que las iniciativas de este tipo crean confusión y enojo en el electorado y son precisamente parte de la razón por la cual existe un déficit presupuestario.
"Culpar a los inmigrantes carece de mérito en hechos y en moralidad. Los inmigrantes aportamos de manera significativa y lo hemos hecho cuando la economía está fuerte y ahora que está anémica; nosotros no somos el problema", djio.
Los impulsores de la iniciativa de ley deberán reunir 447 mil firmas de apoyo antes de noviembre para entregarlas a la Secretaría de Estado de California. De reunirlas, la propuesta iría a la boleta electoral en junio de 2010.
Se puede encontrar más información sobre la propuesta en http://www.taxpayerrevolution.org/.
Eileen Truax/ eileen.truax@laopinion.com
Una propuesta de ley que busca negar la ciudadanía estadounidense y restringir el acceso a servicios públicos a los hijos de inmigrantes indocumentados en California podría llegar a la boleta electoral el próximo año.
La iniciativa, denominada Ley de Protección al Contribuyente de California 2010 (CTPA-2010), argumenta que la crisis económica por la que atraviesa el estado actualmente se debe a la cantidad de dinero que se destina a brindar servicios a los hijos de los inmigrantes indocumentados; una cifra que la organización Taxpayer Revolution, promotora de la iniciativa, estima en al menos 2,000 millones de dólares.
"La propuesta no le niega a ningún niño nacido en California un acta de nacimiento; lo que hace es crear condiciones para desincentivar a los extranjeros para que vengan a California de manera ilegal con el objetivo de que sus hijos nazcan aquí", comentó Ted Hilton, presidente de Taxpayer Revolution.
De acuerdo con la propuesta de ley, los padres de cada niño nacido en California tendrían que firmar una declaración jurada estableciendo su ciudadanía o residencia permanente en el país; con ello recibirían el acta de nacimiento de su hijo.
Las madres que no puedan firmarla por no contar con estas características, deberán presentar una identificación con fotografía y se les tomarán las huellas digitales; tendrían que dar su dirección de residencia, pagar una cuota de 50 dólares y dejar una copia de la factura de los servicios médicos por el nacimiento si ésta se financió con recursos públicos.
Si uno de los padres proporciona información falsa, podría recibir una multa de 5,000 dólares, una sanción de hasta cuatro años en prisión, o ambas. Toda esta información tendría que ser puesta a disposición del Departamento de Seguridad Interna (DHS) si éste así lo dispone.
