MORELIA, México.— Ayudó a desmantelar una red de tráfico de discapacitados entre México, Latinoamérica y Estados Unidos; detectó siete empresas que intentaban defraudar con falsas visas en pequeños poblados; rescató 600 pensiones del seguro social estadounidense para viudas de trabajadores, además de haber logrado la suspensión de ocho casos de pena de muerte.
Con ese récord, la primera y única Secretaría del Migrante en México cumplió un año de funciones en Michoacán, estado que ocupa el primer lugar nacional, tanto en expulsión de mano de obra con alrededor de 60 mil personas al año, como en la recepción de remesas: en 2008 recibió 2,458 millones de dólares.
En respuesta a lo que consideró un "estado binacional", el 3 de enero de 2008 el entonces gobernador Lázaro Cárdenas elevó el rango del Instituto Michoacano de los Migrantes en el Extranjero y creó la Secretaría del Migrante, presionado por añejas demandas de los paisanos radicados en EEUU.
Migrantes desaparecidos y detenidos; padres ausentes; actas de nacimiento y defunción; matrimonios y apostillas sin procesar; traslado de cadáveres; apoyo a familias del migrante, asesoría y capacitación para quienes permanecen en los sitios más recónditos de la provincia michoacana y una serie de trámites que la Cancillería no logra atender de manera puntual e individual.
"Son muy diversas las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a nivel federal, y no alcanza a ver el detalle: el viejito al que no le llega su pensión; la esposa del asesinado en Los Ángeles o Chicago que no puede cobrar un seguro; la familia deprimida porque pasan años y no ven al padre, etcétera", observa Alma Griselda Valencia, titular de la secretaría.
"Tenemos que entender que México es un país de migrantes y se tiene que tratar a sus connacionales con la misma atención como se reciben sus envíos de dinero", agrega la funcionaria, cuya familia de 12 miembros emigró a California desde hace más de 50 años y desde entonces viven como ciudadanos de dos países entre Redwood y Morelia.
Desde su creación, la dependencia estatal cuenta con un presupuesto de 18 millones de pesos (1.3 millones de dólares) que se distribuyen entre tres coordinaciones: de Asuntos Binacionales, Desarrollo Económico y Políticas Transversales, así como con las 113 oficinas que atienden al mismo número de municipios michoacanos.
"Uno no tiene idea de la cantidad de necesidades que hay hasta que se mete totalmente en los problemas que implica la migración, en los pueblitos", dice Pedro Rubio, encargado de Políticas Transversales, quien se encarga de asesorías jurídicas para mexicanos con problemas legales, víctimas de abusos, reclamo de pensiones, entre otros.
Para citar un ejemplo, Rubio recuerda el caso de un sordomudo desaparecido hace cinco años de las calles de Morelia. Sus padres, un par de ancianos muy pobres, lo buscaron sin éxito hasta que el año pasado se acercaron a la Secretaría del Migrante, pensando que quizá el muchacho habría intentado ir a EEUU (es común que se vayan sin avisar) y muerto en el camino.
La dependencia reportó los datos generales del muchacho en todos los consulados de México en Estados Unidos y en los centros comunitarios de las principales ciudades de ese país. Dos meses después el rastreo tuvo efectos: una mujer en Nueva York informó que lo había visto pidiendo limosna en la ciudad.
Con apoyo federal, finalmente lograron rescatar al joven, quien había sido secuestrado por una banda de traficantes de personas que operaba entre varios países y la costa Este norteamericana, a quienes obligaba a mendigar drogándolos con pastillas.
Finalmente, el gobierno otorgó la residencia al michoacano por ser víctima de la delincuencia en el país. Hoy trabaja en el Ejército de EEUU.
De este lado de la frontera, los Centros de Atención Municipal concentraron su trabajo en impulsar proyectos productivos con los dólares que envían los migrantes a sus familias, realizar un censo integral sobre migración (en México no existe) y en apoyar psicológicamente a los hijos y mujeres que se quedan.
"Se tiene la idea de que las mujeres abandonadas eran un problema de las primeras generaciones de migrantes que hubo en el estado, pero no es así, es un problema actual, como la falta de trabajo", asegura Juan Felipe Ruiz, jefe de la oficina de Atención al Migrante en el municipio de Tarímbaro.
En esta localidad de 70 comunidades, un estudio impulsado por Ruiz contabilizó entre 15 y 20 hogares —de entre cuatro y seis miembros— que son encabezados por una mujer.
"Muchas de ellas están en una aguda crisis psicológica, pues algunos esposos que todavía mantenían el contacto dejaron de hacerlo hace más o menos un año. Suponemos que es porque se quedaron sin trabajo y van de un lado a otro buscando algo", comenta Ruiz.
"Ellas se sienten defraudadas y hemos tenido que buscarles terapia".
Para los clubes de oriundos que durante años han buscado una participación política en México, la atención para quienes se quedan debe ser tan importante para la Secretaría del Migrante como la integración de las comunidades en el exterior.
"Queremos traer a Estados Unidos más productos de México, pero todo se complica: la inseguridad, la prohibición de entrada de camiones mexicanos a través de los cuales importaríamos frutas, verduras. Todo esto se podría trabajar mucho más de la Secretaría del Migrante estatal u otra federal, si existiera", comentó Salvador Esparza, presidente de la Asociación de Clubes Michoacanos en California.
Rubén Chávez, presidente de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, considera que si bien la Secretaría del Migrante tiene muchas carencias actualmente, sobre todo en recursos para programas de salud y educación para los indocumentados, era importante contar con la institución.
"Creemos que es un avance para que se nos vea de otra manera, con más respeto; es decir, también necesitamos ayuda, no sólo somos los que damos los dólares".