La Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) maneja actualmente el sistema carcelario más grande de Estados Unidos, habiendo duplicado la cantidad de detenidos en los últimos 10 años y creando un sistema que coarta los derechos de los procesados, al alejarlos de su lugar de arresto.
Esta es la conclusión de un detallado análisis de datos públicos de detención de ICE obtenidos por la organización Human Rights Watch (HRW) y analizados por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse.
La enormidad de la cartera de presos que maneja ICE en cualquier momento dado y el sistema de contratar a cárceles públicas y privadas en cualquier rincón del país para alojarlos crea una situación especial: entre 1999 y 2009 los detenidos fueron transferidos 1.4 millones de veces, un paso que se ha acelerado en los últimos años.
En 1999, menos de 20% de los detenidos eran transferidos. En 2008, la mayoría (el 52.4%) lo eran. También, según el análisis, ha aumentado el número de múltiples transferencias, en las cuales un mismo detenido es llevado a diferentes cárceles o centros de detención. Uno de cada cuatro detenidos pasó por múltiples transferencias en 2008.
ICE debe transferir a muchos detenidos para encontrar lugares para ellos en más de 350 cárceles y centros de detención regados por el país, a menudo en estados donde supuestamente resulta más económico guardarlos y porque tienen múltiples contratos con otras agencias.
Pero como indicó Alison Parker, de Human Rights Watch, el resultado de este sistema es que los detenidos son alejados no sólo de sus familias sino de su sistema de apoyo legal y, a menudo, de los testigos y evidencia necesarios para su defensa.
En ese sentido, los detenidos de inmigración llegan a tener menos derechos que los detenidos criminales, a quienes la Constitución y la Suprema Corte les garantizan ser procesados cerca de donde se cometió el delito.
"Esta es una de las razones por las cuales decidimos estudiar este problema. Comenzamos a recibir denuncias de abogados que nos decían que sus clientes eran transferidos a miles de millas de distancia donde no tenían acceso a ellos", dijo Parker.
Como los detenidos por inmigración no son técnicamente presos penales, los tribunales estadounidenses no les ofrecen las mismas protecciones constitucionales que los detenidos comunes, agregó la analista de HRW.
Son muchos los ejemplos de arrestados por ICE que son transferidos en pocos días a cárceles lejanas que La Opinión ha podido constatar a lo largo de los años recientes. Este reporte sólo contabiliza y detalla esta práctica, que hoy en día afecta a la mayoría de los arrestados por la agencia.
En una visita a Los Ángeles hace unos meses, el nuevo director de ICE, John Morton, dijo que su agencia estaba revisando algunas de sus políticas de detención y adelantó que posiblemente tendrían que construir nuevos centros.
Los activistas esperan que esto ocurra más cerca de los lugares donde son arrestados muchos de los inmigrantes en los centros más grandes de población latina, como Nueva York o Los Ángeles.
Otro problema es que, a diferencia de las cárceles federales, que tienen un sistema de localización de prisioneros accesible al público y actualizado casi cada 24 horas, no existe un sistema similar para los detenidos de inmigración.
"La transferencia de detenidos interrumpe la relación cliente-abogado porque los abogados casi nunca son informados de las transferencias de sus clientes", dice el reporte de Human Rights Watch. "La política de transferencias también afecta las audiencias que tienen los detenidos y retrasa sus audiencias y también impide que se presenten los testigos necesarios para defender sus casos".
El reporte señala que la situación puede ser peor para detenidos menores de edad y que no tienen un padre o custodio. Como se requiere que ICE envíe a estos detenido sólo a ciertos centros vigilados y preparados para recibirlos, el resultado final es que generalmente son enviados aún más lejos de su lugar de residencia que los propios adultos. Son muy pocos los centros adecuados para ellos que existen en el país.
Otra preocupación de HRW es la gran cantidad de detenidos que son llevados a centros de detención en estados donde el sistema de justicia es más duro con los inmigrantes. "Estados dentro del Quinto Circuito de Apelaciones, como Texas y Louisiana, tienen más cárceles y reciben más transferencias, y también son los más duros contra los inmigrantes", dijo Parker.
ICE alega que en muchos casos este sistema resulta efectivo desde el punto de vista de costos, aunque HRW señala que ICE no ha proporcionado información pública sobre cuánto han costado el casi millón y medio de transferencias realizadas entre cárcel y cárcel.
"Sabemos que los suben a aviones, que los casos son retrasados, que cuando llegan al próximo lugar deben ser de nuevo procesados, sus archivos son transferidos. Todo traslado es acompañado por un agente de ICE. Todo esto cuesta dinero, pero no podemos saber cuánto es porque no nos dan esa información", dijo Parker.
El análisis de TRAC puede ser visto aquí http://trac.syr.edu/immigration/reports/220/ y el reporte de HRW consultado aquí: http://www.hrw.org/en/node/86760/section/3
