A pesar de que a nivel nacional la tendencia en las sentencias de pena de muerte se vieron a la baja, este año en California se duplicaron en comparación con 2008, señala un informe dado a conocer ayer por el Death Penalty Information Center (DPIC).
Al 16 de diciembre, destaca el repore, California contaba con 697 prisioneros en "la fila de la muerte", el estado que por mucho tiene más sentenciados a la pena capital.
Le siguen Florida con 403, Texas con 342, Pennsylvania con 225 y Alabama con 200.
De hecho, actualmente en Estados Unidos hay 3,279 condenados a morir a manos del sistema judicial, el 21% de ellos en California, estado que más gasta por los procesos de pena de muerte, con un monto de 137 millones de dólares al año.
A pesar de la crisis económica por la que atraviesa el estado y el país, el gobierno estatal está considerando incrementar los recursos en 400 millones de dólares para la pena de muerte, indica el DPIC.
La propia comisión estatal para la revisión de la pena de muerte, dice el informe, ha calificado el sistema como "disfuncional".
Florida es el estado que más gasta en segundo lugar con 51 millones de dólares al año.
Este año 29 prisioneros en el estado se sumaron a "la lista de la muerte", mientras que en 2008 habían sido 14. Tan sólo en el condado de Los Ángeles se dieron 13 veridictos de muerte.
"Es hora de preguntarnos si vale la pena o no gastar tanto dinero", comentó Andrea Guerrero, directora de políticas en San Diego de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU).
El informe del DPIC, mencionó esta abogada, demuestra que el gobierno está gastando mucho dinero y, por ello, en medio de una crisis económica, es necesario replantear el sistema de pena de muerte.
"Estamos en camino a gastar 1,000 millones de dólares en los próximos 5 años, este informe nos dice que la pena de muerte cuesta mucho y que además no es muy eficaz. Esos recursos los podemos usar para prevenier crímenes o capturar a los criminales", apuntó Guerrero.
Desde 1976, cuando la pena de muerte fue restituida en el país, las 106 nuevas sentencias que este año se dieron ha sido la cifra más baja y la continuación de una tendencia a disminuir desde 1994, cuando se registró el nivel más alto de condenas mortales, con 328.
En 2008 los condenados a la pena capital fueron 119.
En cuanto a ejecuciones, este año se registraron 52, mientras que en 2008 fueron 37; sin embargo, ese año la Suprema Corte de Justicia suspendió por cuatro meses los procesos de ajusticiamiento debido a una controversia constitucional por el uso de la inyección letal.
Actualmente en California las ejecuciones están suspendidas debido a esa misma controversia judicial y en espera de que el proceso sea sometido a un análisis de revisión pública.
Azim Khamisa, a pesar de que su hijo fue asesinado por un pandillero, se opone a la pena de muerte porque considera que se trata de una exposición pública de venganza que le cuesta mucho a los contribuyentes y porque no disuade el crimen.
"Es mejor trabajar en la prevención del delito para que los niños no anden en las pandillas", comentó quien es el creador de la Fundación Tariq Khamisa, un organismo de prevención de la violencia en las escuelas.
Para la representante de ACLU, la gente no se ha dado cuenta del costo que representa la pena capital.
"Se han realizado encuestas que dicen que cuando las personas se enteran del costo, entonces entienden que hay una alternativa muy buena, que es mantenerlos en prisión de por vida y sin derecho a libertad condicional", comentó Guerrero.
La cadena perpetua es más barata que la pena de muerte, aseguró la abogada de ACLU.
"Por cada caso que un condado pide la pena de muerte, está gastando un millón de dólares más que si pidiera prisión permanente, está comprobado", precisó.
