Para muchos inquilinos de Los Ángeles, los 2.725 millones de dólares que Donald Sterling ha aceptado pagar por supuesta discriminación, son mucho más que dinero.
"Es un mensaje claro y contundente a los caseros que sienten que pueden negar derechos básicos sobre vivienda", según José García, quien dirige Inquilinos Unidos (IU).
Como muchas otras organizaciones de defensa de los arrendatarios, IU celebraba ayer el acuerdo por el que Sterling se comprometía a pagar la cantidad más alta nunca conseguida por el Departamento de Justicia (DOJ) en un caso de discriminación relacionada con la vivienda.
La demanda se remonta a agosto de 2006, cuando DOJ formuló acusaciones contra Donald Sterling, su esposa Rochelle Sterling y Sterling Family Trust, alegando prácticas discriminatorias por razón de la raza, origen nacional y situación familiar de sus inquilinos, o candidatos a serlo.
Entre dichas prácticas se citan la negativa a aceptar familias con hijos menores de 18 años, y el rechazo de inquilinos hispanos y afroamericanos en varios de sus edificios.
Bajo la firma Beverly Hills Properties, los acusados poseen y gestionan unos 119 edificios con un total de más de cinco mil unidades de apartamentos en el Condado de Los Ángeles.
"Da mucho gusto ver que los poderosos también tienen que rendir cuentas a la justicia", comentó Analía Gutiérrez, una inquilina del centro de Los Ángeles que dice haber sufrido diversos abusos, en los 12 años que lleva rentando en la ciudad.
"Saben que los inmigrantes y los pobres tenemos pocas oportunidades de reclamar nuestros derechos", dijo Gutiérrez.
Sin embargo, Christian Abasto, abogado de la organización Legal Aid Foundation en Los Ángeles, señaló que precedentes como éste demuestran a los caseros que vulnerar la ley puede costarles caro.
"La gran publicidad que rodea a estos casos ayuda a que quienes ignoran los derechos de los inquilinos se lo piensen dos veces", dijo Abasto.
Como respuesta a los intentos de contacto de La Opinión, Robert Platt, abogado de la firma Manatt, Phelps and Phillips, que ha estado a cargo de la defensa de Sterling, manifiesta en un comunicado que "tras tres años de litigio los abogados demandantes no han podido probar una sola infracción de la Ley de Vivienda Justa".
Platt enfatiza que sus clientes niegan haber incurrido en ninguna práctica discriminatoria, y cita los altos costos de continuar litigando como la única razón para acceder al pago del acuerdo.
Aunque todavía está pendiente de autorización por parte del juez federal Dale Fischer, la distribución inicial del mismo incluye el pago de 2.625 millones de dólares a un fondo que se utilizará para indemnizaciones a personas perjudicadas por las supuestas prácticas discriminatorias, y una multa civil de cien mil dólares a favor del gobierno. Si quedan fondos sin distribuir, se dedicaran a acciones educativas sobre derechos de vivienda en Los Ángeles.
VÍCTIMAS
Entre los perjudicados a indemnizar con el acuerdo figuran dos familias afroamericanas que aseguran haber sufrido abusos por razón de su raza cuando fueron inquilinos de Sterling.
"Particularmente en tiempos de dificultades económicas y embargos debemos garantizar que todos tengan acceso justo a la vivienda", declaró Thomas Pérez, procurador asistente de la División de Derechos Civiles, que planteó las acusaciones.
Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), afirmó que aunque consideran que el acuerdo marca un tanto a favor de los inquilinos, "se trata de una gota de agua en un mar de abusos".
"Mucha gente no va a poder ir a los tribunales, pero hay que animar, particularmente a los inmigrantes, a que no callen su voz ante quienes los atacan", recomendó Cabrera.
