TEGUCIGALPA, Honduras (EFE).— El Congreso de Honduras empezó a sentir ayer la presión para decidir lo antes posible, incluso en la próxima semana, sobre la restitución o no del Presidente depuesto Manuel Zelaya, conforme a lo establecido en el Acuerdo Tegucigalpa-San José, firmado apenas el viernes.
Aunque el pacto fija fechas para que se cumplan dos compromisos, la instalación de la Comisión de Verificación el lunes y un gobierno de reconciliación nacional a más tardar el jueves, la expectativa se centra en cuándo se reunirá el Congreso Nacional para debatir si restituye o no a Zelaya.
El Parlamento, que está en receso porque los diputados se dedican a la campaña para las elecciones del 29 de noviembre, no ha anunciado todavía cuándo se reunirá y el acuerdo no establece plazo para ello.
Sin embargo, el secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, dijo ayer que espera que, en efecto, para el jueves ya el Congreso haya resuelto algo al respecto.
"Yo esperaría que para entonces el Congreso haya tomado una decisión", declaró Rico poco antes de regresar a Washington, y dijo que, además de la legislación hondureña, también debería tomar en cuenta "el sentimiento de la comunidad internacional".
Advirtió que el pacto firmado el viernes "ciertamente no es el final" de la crisis porque, "desde el punto de vista de gran parte de la comunidad internacional, el final de la crisis será cuando se restituya al Presidente Zelaya".
Un miembro de la comisión de diálogo de Zelaya, Rodil Rivera, señaló que ambas delegaciones prevén reunirse con el presidente del Congreso Nacional, Alfredo Saavedra, del gobernante Partido Liberal, para pedirle una pronta convocatoria del pleno legislativo.
En vista del receso, "tiene que haber una convocatoria especial para que el Congreso se reúna" y "vamos a pedirle que sea al día siguiente" de ese encuentro de Saavedra con las comisiones, indicó Rivera, sin precisar fechas.
Un integrante de la comisión de Micheletti, Arturo Corrales, reiteró que "sólo el mismo Congreso se puede poner plazos" y agregó que, como éste debe consultar a la Corte Suprema de Justicia y a otros órganos, "esos tiempos [para responder] les corresponderá a ellos decidirlo".
Saavedra afirmó ayer que "el Congreso Nacional es totalmente independiente" y que "nadie, absolutamente nadie, puede imponer plazos ni términos" para que actúe.
Un asesor de Zelaya, Rasel Tomé, señaló a su vez que el Congreso tiene "la urgente necesidad de reunirse para poder analizar el acuerdo" y remarcó que "la comunidad internacional también está muy atenta".
"El 5 de noviembre tenemos que tener conformado e instalado el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional presidido y dirigido por José Manuel Zelaya Rosales", afirmó.
El calendario de ejecución del pacto establece que el lunes debe conformarse la Comisión de Verificación del cumplimiento del convenio, integrada por "dos miembros de la comunidad internacional y dos miembros de la comunidad nacional".
Otro acuerdo es crear una Comisión de la Verdad en "el primer semestre del año 2010", ya con el nuevo gobierno elegido en las elecciones del 29 de noviembre, "con el fin de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009", cuando fue derrocado Zelaya y el Congreso designó a Micheletti.
Los demás puntos del tratado son la renuncia a convocar una Asamblea Constituyente y a la amnistía política, respaldo a las elecciones, traspaso de las Fuerzas Armadas y la Policía al Tribunal Electoral para los comicios y normalización de las relaciones de Honduras con la comunidad internacional.
En tanto, el movimiento popular de resistencia que desde el 28 de junio exige la restitución de Zelaya reiteró ayer que a partir del lunes se instalará permanentemente ante el Congreso para exigirle una resolución sobre el regreso del Presidente depuesto al poder.
