Los habitantes de California con alguna discapacidad tienen que enfrentarse no sólo a sus problemas físicos o mentales, sino ahora también al recorte a los servicios de atención y, en algunos casos, al cierre de las instituciones que les brindan oportunidades para permanecer en sus hogares.
Así, Lilibeth Navarro, directora ejecutiva del centro Communities Actively Living Independent and Free (CALIF), ubicado en el centro de Los Ángeles, informó que los siete centros del sur de California que brindan servicios para permitir a personas con discapacidad tener una vida independiente y libre, no han recibido dinero desde julio por la falta de aprobación del presupuesto estatal, a pesar de que los fondos provienen del gobierno federal.
"La Asamblea nos ha secuestrado el dinero que necesitamos para brindar servicios. Los siete centros que operamos en el sur de California no tenemos dinero para continuar operando, aunque el gobierno federal ya depositó los fondos que necesitamos", manifestó Navarro.
Ella, quien usa silla de ruedas y necesita medicamentos diariamente, explicó que este centro ha recortado las horas a sus empleados, de 40 semanales a 32, para poder ahorrar.
"Algunos centros han tenido que despedir empleados. Unas oficinas han cerrado, como la que se ubica en Lancaster, y otras están a punto de cerrar porque ya se les acabaron hasta los préstamos con los que estaban funcionando", agregó Navarro.
Centros como Community Rehabilitation Services (CRS), ubicado en el Este de Los Ángeles, han tenido que recurrir a préstamos que están a punto de acabarse, mientras otros, como el Southern California Rehab Services (SCRS), observan que sus clientes están siendo empujados hacia centros de convalecencia por no conseguir los servicios que requieren.
"Las personas que necesitan asistencia en su hogar para tareas diarias, conocido como servicios In Home Providers (IHP), lo cual evita que terminen en enfermerías, nos están diciendo que tienen problemas para encontrar proveedores porque el gobernador anunció que les recortarán el salario, de nueve dólares al sueldo mínimo", manifestó Sandy Chu, consejera comunitaria del SCRS.
La situación en los Centros Regionales de Atención a Discapacitados, otras fuentes de ayuda, instituciones privadas sin fines de lucro que funcionan con fondos estatales —no federales—, es aún peor, ya que se les acabó el dinero de emergencia e incluso los préstamos.
"No tenemos dinero. Ya le dije a los empleados y a nuestros proveedores que la semana pasada se nos acabó el dinero del préstamo y que no tenemos la capacidad para solicitar otro. Los empleados ya saben que este viernes recibirán el último cheque, y los proveedores que ya no recibirán pago", declaró Mike Danniker, director ejecutivo del Centro Regional del Oeste de Los Ángeles.
La mayor parte de los empleados de este centro han acordado continuar trabajando la próxima semana, pero no serán remunerados hasta que el presupuesto sea aprobado, dijo Danniker. Él no descarta que si la crisis del presupuesto se prolonga, los empleados y proveedores busquen otros trabajos.
"Todos tenemos que pagar la hipoteca, el vehículo, la comida y otros gastos, y si no hay dinero, el personal tendrá que buscar otro trabajo y los proveedores tendrán que brindar sus servicios a organizaciones que sí puedan pagar", declaró Danniker.
A diferencia de los centros CALIF, que brindan servicios de consejería, ayuda para buscar hogar y empleo, entre otros, a cualquier persona discapacitada física o mentalmente, los Centros Regionales de Atención a Discapacitados se enfocan en brindar ayuda a personas con retraso mental, parálisis cerebral, epilepsia y autismo.
Cifras oficiales estiman que hay alrededor de 10 millones de habitantes en el condado angelino, de los cuales uno de cada 10 tiene algún tipo de discapacidad.
"Nosotros gastamos cien millones de dólares anuales en servicios para nuestros 7,200 clientes [en el oeste de Los Ángeles]", agregó Danniker.
En California hay 21 Centros Regionales de Atención a Discapacitados que operan independientemente.
"Necesitamos que el presupuesto sea aprobado de inmediato. Si no, todos los centros nos veremos obligados a cerrar por la falta de capacidad en Sacramento", señaló Navarro.
El próximo lunes 15 de septiembre, unas 250 personas discapacitadas, representando a los centros CALIF, marcharán del 634 South Spring, en el centro de Los Ángeles, hacia la oficina del gobernador, ubicada en el 300 South Spring.
"Tendremos la marcha a las 11:30 a.m. y una conferencia de prensa frente a la oficina del gobernador. Posteriormente, algunos de nosotros nos prepararemos para acampar en la calle, frente al edificio. ¿Cuánto tiempo estaremos ahí? No sabemos. El tiempo que sea necesario", concluyó Navarro.









