Los hospitales City of Angels, Los Ángeles Metropolitan y el Centro Médico Tustin, así como una organización de ayuda a indigentes de la zona de Skid Row enfrentan cargos federales por supuestamente cometer fraude en contra de Medicare y Medi-Cal.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en conjunto con la Procuraduría de Los Ángeles y autoridades locales participaron en un operativo que inició el miércoles a las ocho de la mañana para capturar al doctor Rudra Sabaratnam, dueño del hospital City of Angels y a Estill Mitts, de la organización Seventh Street Assessment Center, quienes son los sospechosos principales del millonario fraude.
El doctor Sabaratnam, dueño y director ejecutivo del hospital, enfrenta 21 cargos de fraude al sistema de salud, lavado de dinero y evasión de impuestos. Podría ser condenado a 50 años de cárcel.Mitts, por su parte, quien se supone reclutaba a indigentes en Skid Row que no necesitaban tratamiento médico para los tres hospitales, podría enfrentar 140 años en prisión. Se le fijó fianza por 25 mil dólares. Ambos podrían ser procesados el lunes.
El procurador angelino Rocky Delgadillo explicó que los altos ejecutivos de los tres hospitales enfrentan cargos federales que incluyen demandas civiles y cargos criminales por utilizar a personas con deficiencias o incapacidades mentales y a drogadictos.
"Estos criminales creían que podían evitar la justicia porque consideraban que a nadie le importaban los indigentes de Skid Row. Ellos estaban equivocados", aseveró Delgadillo.
Otras personas que enfrentarían cargos federales por la millonaria defraudación son el director ejecutivo del hospital Los Ángeles Metropolitan, John Fenton y el médico director de admisiones del centro, Fredrick Rundall; así como Daniel Davis, director ejecutivo del hospital Tustin, el director financiero Vincent Rubio y los directores médicos Kenneth Thaler y Al-Reza Tajik.
Además, de Sabaratnam, en el hospital City of Ángeles enfrenta cargos Robert Borseau.
De acuerdo con la demanda federal, Mitts recibía 20 mil dólares al mes por referir indigentes al hospital Metropolitan y otra cantidad similar del hospital Tustin, y entre 400 a mil dólares al mes por reclutar pacientes para el Hospital City of Angels.
El supuesto acuerdo entre Mitts y los hospitales consistía en que él les garantizaba de 40 a 50 pacientes por mes al hospital Tustin, de 20 a 25 pacientes al hospital City of Angels y los pacientes que fueran necesarios para llenar las camas del hospital Metropolitan.
La demanda explica que el director de operaciones financieras de Tustin recibía 3,500 dólares al mes de Mitts para asegurarse que el centro médico continuara recibiendo pacientes de Skid Row.
Los reclutadores de pacientes recibían 40 dólares por cada paciente elegible para Medicare y 20 dólares por llevar pacientes con Medi-Cal, según la demanda. Y los indigentes a cambio recibían 30 dólares por visitar el centro Seventh Street Assessment, en el centro de Los Ángeles, a donde los recogía una ambulancia de la compañía APT, que también es mencionada en la demanda, para ser trasladados al hospital.
Los indigentes eran entonces admitidos con base a enfermedades que no existían o que si las padecían no necesitaban el nivel de atención médica que supuestamente se les administraba. Después de uno o dos días, los pacientes eran dados de alta, y no era hasta que estaban a punto de salir cuando el médico jefe de admisión los veía. Medi-Cal o Medicare pagaban por tratamientos no realizados, de acuerdo con la demanda.
Al terminar la estancia en el hospital, los indigentes regresaban a Skid Row.
Este fraude fue descubierto por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en octubre de 2006 mientras investigaban incidentes de pacientes que eran abandonados ilegalmente en las calles de Skid Row.
La demanda civil busca establecer penas de 2,500 dólares por cada ley que se violó y 2,500 para cualquier anciano o persona con incapacidades que fueron utilizados en la red de fraude.
La Opinión contactó a las tres instituciones médicas, pero ninguna respondió a las llamadas. La operadora telefónica del hospital Metropolitan dijo muy amablemente que la empresa "no está haciendo comentarios", las otras dos empresas ni siquiera respondieron los mensajes telefónicos.
Tampoco el Departamento de Servicios Sociales del condado de Los Ángeles respondió a las interrogantes sobre el control que ejerce esta agencia sobre los programas que administra.
Hace un mes, en un caso no relacionado con éste, Sabaratnam fue multado por 15.6 millones de dólares por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito por cobros falsos a Medicare y Medicaid realizados por un hospital psiquiátrico en Chula Vista que también él administra.
Según datos del gobierno federal, alrededor del 20% del presupuesto de Medicare y Medicaid cae en manos criminales que cometen fraude en contra del sistema. Es por esto que varios legisladores federales están tratando de incrementar las multas y la penalidad en la cárcel.
